La escena lo dice todo. Un fiscal que pide detenciones y allanamientos, un juez que las rechaza una por una, y un exfuncionario que intenta usar esa tensión para sacarse de encima al único que lo presiona. Así transcurre la causa por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero contra Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El fiscal Sergio Mola presentó esta semana un escrito en el que le pidió al juez Luis Armella que desestime el planteo de Insaurralde, quien había reclamado el corrimiento del fiscal por supuesto «ensañamiento procesal». La respuesta de Mola no se limitó a rebatir ese argumento: dedicó varios párrafos a describir, con nombre y apellido, la pasividad que atribuye al juzgado.
«La actividad investigativa desplegada de oficio por el juzgado ha sido, cuanto menos, prácticamente nula», escribió el fiscal. «Los magistrados que intervinieron en esta causa han tenido un rol pasivo a la espera de las sugerencias de esta parte», agregó. En pocas líneas, Mola trazó un cuadro en el que la investigación avanzó a pesar del juzgado, no gracias a él.
Insaurralde había argumentado que el fiscal «sobreactuó» tras la difusión de un video en el que su exesposa, Jesica Cirio, aparece en un vestidor con fajos de dólares —imágenes que dio a conocer LA NACION— y que sus medidas resultaron «desproporcionadas». Mola respondió con una frase que resume su postura: la defensa confunde «la intensidad de la investigación» con una «persecución personal».
«La indignación social y la alarma que estos hechos provocan no son producto de una 'exposición mediática' generada por esta fiscalía, sino de la obscenidad de las conductas ventiladas: un funcionario público de alta jerarquía retratado en un yate de lujo en el Mediterráneo con su 'acompañante de viaje' y la posterior detección de sumas millonarias en dólares asociadas a su entorno familiar inmediato», dice el texto del fiscal.
Los detalles cuentan la historia. Mola venía pidiendo desde el año pasado la indagatoria de Insaurralde, preparada junto a su colega Diego Velasco, de la Procelac, la fiscalía especializada en lavado de dinero. Armella rechazó el pedido de detención de Insaurralde y de Cirio por considerarlo prematuro, y en su resolución dejó observaciones críticas sobre la actuación de la fiscalía, incluyendo una insinuación de que el despacho del fiscal podría ser responsable de filtraciones al expediente.
Mola desmintió esa acusación y señaló que la propia fiscalía sería la principal perjudicada por cualquier filtración, ya que pondría a los imputados al tanto de las medidas solicitadas.
Las fricciones acumulan capítulos. El juez Armella excluyó a Carolina Álvarez —segunda esposa de Insaurralde, también imputada por los fiscales— del peritaje contable que peritos de la Corte pusieron en marcha el año pasado y que está próximo a concluir. Rechazó además el pedido de allanar las oficinas que Insaurralde frecuenta para reuniones políticas. Cada negativa abrió un nuevo frente entre el juzgado y la fiscalía.
Armella es juez de Quilmes y subroga el juzgado donde tramita la causa. El próximo en ocupar ese lugar será Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo y titular de la Dajudeco, cuyo pliego fue seleccionado por el gobierno de Javier Milei y se encamina a ser aprobado en el Senado. Será el tercer juez que enfrente el expediente.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el video de Cirio y los dólares reactivó la atención pública sobre el caso. Lo que el expediente muestra, más allá de sus derivaciones judiciales, es el funcionamiento del aparato estatal cuando uno de sus propios ex integrantes queda bajo la lupa: la investigación avanza no por inercia institucional, sino por el impulso de fiscales que deben pelear cada medida ante un juzgado que, según ellos mismos consignaron por escrito, ha preferido la pasividad.
Ese es el principio en juego. Un funcionario público de alta jerarquía, dinero en efectivo sin explicación convincente, y un sistema judicial donde la voluntad de investigar no siempre encuentra eco en quien tiene la última palabra. El contribuyente bonaerense, que financió los sueldos y privilegios del cargo, merece saber cuánto demora la justicia en responder cuando el acusado tiene los recursos y los contactos para frenarla en cada esquina.
