La escena lo dice todo. Cuatro meses antes de que El Niño costero alcance su máxima intensidad en el Perú, según estimaciones de la Comisión Multisectorial del Estudio del Fenómeno El Niño (Enfen), casi la mitad de los proyectos diseñados para evitar inundaciones y desbordes no ha movido una sola piedra.
De 87 proyectos de inversión orientados a la prevención, valorizados en al menos S/19.938 millones, 41 no han reportado avances o mantienen un nivel de ejecución física del 0%, de acuerdo con información proporcionada por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) al área de datos de El Comercio. Solo 10 de esos 87 proyectos lograron culminar su ejecución al 100%.
Los números son difíciles de ignorar. Las obras abarcan nueve regiones —Lima, Piura, La Libertad, Áncash, Lambayeque, Ica y Tumbes entre las principales— y 42 de las 87 intervenciones iniciaron su ejecución antes del año 2020. Es decir, llevan al menos seis años y medio en proceso de implementación sin concluir.
La burocracia, protagonista del desastre anunciado
Para entender el presente hay que volver a la trastienda institucional. La Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) dejó de funcionar a fines del 2023 y fue reemplazada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), creada en 2024. Esta nueva entidad asumió 31 de los 87 proyectos. Sin embargo, 14 de esos 31 tienen un avance físico nulo o menor al 20%, mientras que solo seis superan el 80% de ejecución.
Los 56 proyectos restantes quedaron repartidos entre gobiernos regionales y municipios. De esa lista, 29 no reportan avance físico o lo tienen en 0%.
Giacomo Puccio, economista de REDES, explicó a ECData la mecánica del problema: «Cuando se disuelve la ARCC y se crea la ANIN, esta toma todos los proyectos con la modalidad de ejecución de gobierno a gobierno y el resto quedaron para otras instancias del Ejecutivo, los gobiernos regionales y los municipios. Hay algunas obras que están en riesgo de paralizarse si es que no se les habilita el presupuesto, lo cual va a ser complejo porque estamos en un contexto de una caja fiscal 'dolida'. Hay ciertas limitaciones de la ANIN para darle prioridad a todos los proyectos».
El mismo experto señaló que las solicitudes de financiamiento debieron hacerse con antelación, inmediatamente después del último Niño costero en 2023. No se hizo.
El presupuesto que no llega a las obras
Los detalles cuentan la historia. Los recursos del programa presupuestal 068, denominado «Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias ante Desastres», alcanzaron los S/3.062 millones durante la primera mitad del año. Pero solo el 26% de ese monto —S/929 millones— fue destinado a obras de prevención de desastres. Y de ese último monto, solo se ejecutó el 26%, equivalente a S/239 millones.
Esa cifra está todavía un 25% por debajo del presupuesto final alcanzado en 2024, el segundo año del último Niño costero. Según Puccio, «si vemos solamente la parte del programa 068 que corresponde a las obras de prevención, ha crecido muy poco. Incluso en los años en los que hubo Niño, 2017 y 2023, creció 12% y 13% respecto al año anterior. Después del 2023 viene cayendo en picada».
Dos obras de gran envergadura sí muestran avances: el sistema de protección ante inundaciones en el río Huarmey, en Áncash, valorizado en S/829 millones, y la protección contra inundaciones en la quebrada de San Ildefonso, en Trujillo, valorizada en S/1.241 millones, ambas con un avance físico del 80% a cargo de la ANIN.
Lo que aún puede hacerse
Ante la imposibilidad de concretar grandes obras en los meses que restan, Puccio apunta a una salida más modesta pero ejecutable: proyectos de descolmatación, intervenciones menores que pueden realizarse en poco tiempo y generar un impacto real en la prevención. Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la organización Hombro a Hombro —iniciativa empresarial de preparación y primera respuesta ante desastres—, coincidió en que, pese a que el tiempo para grandes obras ya se agotó, aún es posible avanzar con acciones elementales de preparación.
La lectura de Hemisferio
Lo que revelan estos datos no es una tragedia climática inevitable: es el retrato de un aparato estatal que acumula presupuestos, multiplica siglas institucionales y entrega, al final, cero ejecución. Casi S/20.000 millones comprometidos, seis años de obras sin terminar, una entidad disuelta y otra recién creada que hereda el caos. El contribuyente peruano financia la burocracia de la prevención; las comunidades de Piura, La Libertad o Tumbes pagarán el costo real cuando lleguen las lluvias.
El principio en juego es elemental: el Estado no falla por falta de recursos sino por ausencia de rendición de cuentas. Mientras la clase política rota siglas y reorganiza entidades, la infraestructura que protege vidas permanece en el papel. Esa es la verdadera emergencia.
