La escena lo dice todo. Mientras el Senado todavía digería la renuncia de Manuel Adorni y los gobernadores desfilaban por la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en los pasillos del Palacio de Justicia y en los despachos del Congreso circulaba un mapa de nombres, plazos y pliegos. El Gobierno de Javier Milei tiene un plan para el Poder Judicial, y quiere ejecutarlo antes del 31 de diciembre.
El objetivo declarado es ambicioso: cubrir las 300 vacantes de jueces nacionales y federales que hoy permanecen sin titular, entre ellas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital y los tribunales orales federales. Según fuentes del Senado y del Ministerio de Justicia consultadas por La Nación, el Gobierno ya envió casi 140 pliegos y planea remitir los 300 restantes antes de fin de año, a un ritmo de entre 20 y 30 por sesión. La primera está prevista para el 16 de julio.
La meta no es solo cubrir sillas vacías. Las mismas fuentes señalan que la Casa Rosada aspira a que sus postulantes representen el 40 por ciento del Poder Judicial. Los detalles cuentan la historia.
La Cámara Federal, el primer frente
Esta semana quedó habilitado el envío de pliegos para renovar la Cámara Federal de la Capital. Se cumplieron los plazos de impugnaciones tras la salida de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados —dispuestos hace una década por el entonces presidente Mauricio Macri— fueron anulados por la Corte Suprema, que ordenó concursar los cargos.
Entre los favoritos para que el Ejecutivo proponga al Senado figuran Pablo Yadarola, allegado al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, y el propio Bertuzzi o la fiscal Cecilia Incardona para la otra vocalía. A eso se suma una tercera vacante inminente: el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio y su pliego no fue elevado por el Ejecutivo para una reválida de su acuerdo.
El giro sobre el Procurador
La propuesta más sorpresiva del plan es la que apunta al Procurador General de la Nación. El Gobierno quiere avanzar en un proyecto de ley que limite el mandato del cargo, actualmente vitalicio hasta los 75 años, a dos períodos. Aún no está definido si serán dos períodos de cuatro, cinco o seis años, según reconoció una fuente oficial que trabaja en el tema.
El razonamiento oficial es concreto: con la entrada en vigor del sistema acusatorio, que pone en manos de los fiscales la investigación de los delitos, el Procurador General acumulará un poder enorme. Tendrá la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, decidir si un caso avanza o se archiva. «Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio», dijo la fuente.
Desde 2017, el cargo está vacante y lo ejerce de manera interina el procurador adjunto Eduardo Casal. La danza de nombres para la Corte Suprema reactivó en la oposición un proyecto de la senadora Carolina Moisés que propone un mandato de ocho años con opción a cuatro más, manteniendo el requisito de dos tercios del Senado para la designación. Ese texto empezó a circular entre jueces y operadores políticos, y se convirtió, según las fuentes, en parte de la negociación por el eventual candidato a Procurador.
La Corte, en suspenso
El capítulo más delicado sigue sin resolverse. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó a Milei hace tres meses para insistir en que las dos vacantes de la Corte Suprema se cubran con candidatos del Poder Judicial y, específicamente, de la justicia federal. Pero el Presidente aún no tiene definido si avanzará con esas designaciones en el segundo semestre o las dejará para 2028. «Aún no lo tiene resuelto», confirmaron fuentes del Congreso.
Entre los nombres que volvieron a circular la semana pasada figuran el juez Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli, Agustina Diaz Cordero y María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la presencia de 13 gobernadores en la asunción de Santilli no pasó inadvertida en el Senado ni en el Palacio de Justicia, y fue leída como una señal de respaldo político al conjunto de estas iniciativas.
Lo que está en juego
Un Poder Judicial con 300 vacantes cubiertas por un Ejecutivo que además impulsa el sistema acusatorio y recorta el mandato del jefe de los fiscales no es un asunto técnico: es la arquitectura del Estado por los próximos veinte años. La pregunta que le corresponde hacerse al ciudadano es si esa arquitectura se construye con los controles republicanos debidos —concursos transparentes, mayorías calificadas, plazos razonables— o si el apuro electoral impone atajos que luego son difíciles de desandar. El principio en juego es viejo y simple: la independencia judicial no se mide por quién nombra a los jueces, sino por si esos jueces pueden fallar contra quien los nombró. Esa prueba, inevitablemente, llegará.
