La escena lo dice todo. A semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el Ministerio de Educación de República Dominicana —el Minerd— anunció la incorporación de 120,000 nuevos alumnos al sistema. El número suena a logro. Los detalles cuentan la historia.
De esos 120,000 estudiantes adicionales, 81,000 corresponden al sector público y 39,000 al privado. El problema es que, en este momento, 106,000 alumnos en 19 distritos educativos no tienen centro asignado. Solo 5,000 han sido reubicados hasta ahora. Las zonas con mayor presión de matrícula son La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago y el Gran Santo Domingo.
El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, aseguró —según declaraciones recogidas por Listín Diario— que «todos los estudiantes inscritos en el sistema público tienen asegurado su cupo». La garantía descansa en tres palancas: aulas modulares, el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil conocido como TRAE y, si ninguna de las anteriores alcanza, plazas en colegios privados financiadas por la cartera educativa.
La red pública cuenta actualmente con más de 65,000 aulas en los tres niveles educativos. Con estándares de entre 30 y 35 alumnos por aula, la capacidad potencial superaría los 2.4 millones de estudiantes. El sistema educativo nacional agrupa a 2.6 millones de alumnos, con un 78% en el sector público. El Minerd precisa, sin embargo, que el sistema público acoge a 2.2 millones de estudiantes en los niveles inicial, secundario, adultos y en el Programa de Educación Básica y Bachillerato a Distancia —cifra que no coincide mecánicamente con el porcentaje global, lo que refleja la complejidad de las distintas modalidades que componen el sistema—. El programa Prepara suma 180,000 estudiantes adicionales, mientras que el sector privado supera los 600,000.
El viceministro de Educación y Control de Calidad, Óscar Amargós Pérez, explicó que el análisis de cupo se concentra en inicial, primaria y secundaria, dado que la modalidad Prepara utiliza la misma infraestructura existente. «Nosotros desarrollamos un modelo para cuántos estudiantes necesitamos garantizar cupo escolar», señaló.
Por su parte, la viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos, Ancell Scheker Mendoza, informó que 53 centros educativos se integraron recientemente a la jornada escolar extendida, lo que permite que el 80% de los estudiantes acceda a esa modalidad.
En paralelo, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil —Inabie— ya entregó más de 800,000 kits escolares y tiene como meta alcanzar a más de 1.8 millones de estudiantes, impactando a 1.4 millones de familias. Cada kit incluye uniforme, calzado y útiles escolares. El director del organismo, Adolfo Pérez, indicó que el ahorro por alumno oscila entre RD$3,800 (aproximadamente USD 65) y RD$5,400 (aproximadamente USD 92). Pérez recordó que en años anteriores la cobertura no superaba el 85% e incluso «no llegaba al 30%»; la meta actual es la cobertura universal.
El Inabie también presentó un menú escolar con 25 combinaciones distintas, diseñado por nutricionistas y pediatras, que se aplicará cinco días por semana durante cinco semanas antes de reiniciar el ciclo. Las licitaciones para útiles, desayuno y almuerzo escolar se realizan por períodos de dos años, ya que un solo año no resulta suficiente para completar los procesos logísticos.
Los detalles cuentan la historia. El Estado dominicano enfrenta una brecha real entre la capacidad instalada de su red pública y la demanda creciente de matrícula. La respuesta oficial —aulas modulares, transporte subsidiado y cupos privados pagados con fondos estatales— es, en esencia, una expansión del aparato de gasto público para cubrir un déficit de infraestructura que el propio sistema no ha podido resolver con anticipación.
El principio en juego es doble. Por un lado, garantizar el acceso a la educación es una función legítima del Estado; ningún niño debería quedarse sin aula por falta de planificación. Por el otro, financiar con dinero de los contribuyentes plazas en colegios privados —como solución de emergencia— es exactamente el tipo de gasto reactivo que ocurre cuando la planificación llega tarde. La pregunta que el Minerd no ha respondido con claridad es cuánto costará esa factura y quién la auditará.
