La escena lo dice todo. Dos académicos de universidades distintas, con trayectorias distintas, llegaron a la misma conclusión frente a las cámaras de CNN Chile: el proyecto de reforma constitucional en seguridad del gobierno de José Antonio Kast debería retirarse, no enmendarse.
El escritor y académico de la Universidad de Chile Arturo Fontaine y el abogado constitucionalista Javier Couso, de la UDP, publicaron primero una columna conjunta en El Mercurio y luego profundizaron sus argumentos en televisión. El blanco de sus críticas es una iniciativa que ambos califican de «iliberal» y que, según sostienen, representa «un paso en una dirección populista-autoritaria».
El núcleo del debate es el nuevo estado de excepción constitucional que propone la reforma. Según los académicos, ese mecanismo podría regir por hasta 240 días sin requerir la aprobación del Congreso. En ese lapso, el Ejecutivo quedaría facultado para «arrestar, relegar y prohibir la salida y entrada al país de quienes considere necesario», lo que, a juicio de Fontaine y Couso, reintroduciría de facto el exilio. Además, señalan que la posibilidad de que un mandatario concluya un estado de excepción antes de los 240 días e instaure otro semanas después «abre la posibilidad de que mañana un Presidente instaurara una dictadura constitucional».
Fontaine fue el más enfático. «Si el gobierno insiste en esto, a mi juicio se pone a caminar por la vía que conduce al autoritarismo legal», afirmó. Y aunque reconoció que el Presidente Kast no ha dado señales de voluntad autoritaria, advirtió que «este proyecto tiene un carácter muy peligroso para toda la población».
Otro punto que el académico calificó como «una de las cosas más increíbles del proyecto» es la facultad que se otorgaría al Presidente y al Senado para configurar, sin control judicial, una lista de organizaciones terroristas o vinculadas al narcotráfico. «Es darle atribuciones judiciales al sistema político, es romper la separación de poderes, que es la base de la libertad y de la democracia verdadera», sostuvo Fontaine según la fuente.
El proyecto también contempla la posibilidad de recortar beneficios sociales —salud, educación, trabajo y previsión— a personas condenadas por terrorismo o narcotráfico, incluso después de cumplida su condena. Fontaine fue directo: «A mí me parece que es una propuesta absolutamente inhumana». Puso como ejemplo que una ley podría recortarle la PGU a alguien o eliminarle una beca para estudiar en un instituto técnico y reintegrarse a la sociedad.
Consultado sobre si la reforma podría salvarse con modificaciones, Fontaine descartó esa vía. «Nosotros pensamos que es mejor retirar u olvidar el proyecto, no insistir en modificaciones en él», dijo, y añadió que el debate sobre la reforma distrae la atención de los problemas reales: la gestión de las investigaciones, el manejo de Carabineros y la dotación policial. «Entonces ya que no tenemos policía, pidamos a los militares que actúen como policías», ironizó.
En la misma entrevista, Fontaine fue consultado sobre la participación del Presidente Kast en el Foro Madrid, un encuentro ideológico de líderes internacionales de la derecha conservadora programado para realizarse en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo en Santiago. La fuente indica que el evento estaba fijado para un «jueves 3 de septiembre», sin precisar el año. El académico dijo verlo «mal» si el Presidente asistía en calidad oficial. «Estos movimientos de extrema derecha son movimientos que son autoritarios, y que están creciendo en el mundo», señaló, y consideró que colocarse en «esa compañía» sería «muy delicado y muy innecesario». Extendió esa opinión a otras autoridades de gobierno: «Yo pienso que tampoco, yo creo que debería ser una cosa de partidos políticos, de figuras políticas».
Los detalles cuentan la historia. El debate sobre esta reforma no enfrenta a la izquierda con la derecha: enfrenta a quienes creen que el orden puede construirse sin sacrificar las garantías individuales contra quienes apuestan por instrumentos de fuerza de geometría variable. Fontaine tiene razón en señalar que el verdadero déficit de seguridad es de recursos, gestión y policía, no de poderes extraordinarios para el Ejecutivo. Un estado de excepción de 240 días sin control parlamentario no es una herramienta de orden; es una arquitectura de poder que cualquier gobierno futuro —de cualquier signo— podría habitar con comodidad. La separación de poderes no es un lujo liberal: es la única garantía que protege al ciudadano del aparato estatal, sea quien sea quien lo conduzca. Retirar el proyecto, como piden Fontaine y Couso, sería reconocer que la seguridad y la libertad no son términos opuestos.
