La escena lo dice todo. Donald Trump presiona, el secretario de Defensa Hegseth escala el tono, el director de la DEA Terry Cole suma señalamientos, y desde Ciudad de México la presidenta Sheinbaum sostiene una posición: no habrá autorización para operaciones militares extranjeras en territorio nacional. El intercambio lleva meses. Y mientras los protagonistas negocian en público, la trastienda económica acumula daños silenciosos.
El columnista Guillermo Knochenhauer, en El Financiero, describe el arco de la disputa: Trump respondía a las negativas de Sheinbaum diciendo que «el miedo paralizaba a su gobierno»; luego el discurso escaló al señalamiento de que autoridades políticas están «en connivencia con los carteles». Knochenhauer atribuye esos señalamientos a Trump, a legisladores republicanos, a Hegseth y a Cole, y los enmarca como parte de una estrategia de presión, no como hechos verificados por el medio.
Lo que sí reconoce el columnista —y vale la pena subrayarlo porque el hecho manda— es que el crimen organizado se ha fortalecido durante los últimos años, que la inseguridad pública, las muertes dolosas, las extorsiones y los cientos de miles de desaparecidos son, en sus palabras, «condiciones intolerables». La periodista Anabel Hernandez, según cita la columna, sitúa el origen de ciertas operaciones en el gobierno de Carlos Salinas. El diagnóstico sobre la gravedad del problema no está en disputa.
Lo que sí está en disputa es quién lo resuelve y cómo. Knochenhauer argumenta que ningún poder externo puede venir a confrontar y resolver esos problemas, y que la estrategia del gobierno federal «va dando resultados» con golpes de alto impacto basados en inteligencia y mejor coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Hemisferio toma nota del argumento, pero también del contexto: esos resultados se anuncian mientras la percepción de inseguridad sigue siendo uno de los principales frenos a la inversión según indicadores que el propio entorno empresarial mexicano ha documentado en meses recientes.
El punto más concreto —y más costoso— de la columna no es el debate sobre soberanía sino el que viene después: el T-MEC como espada de Damocles. Knochenhauer lo dice sin rodeos: Trump prefiere tratados bilaterales, uno con México y otro con Canadá, y «hará todo por conseguirlo antes de que termine su presidencia». El mecanismo de revisiones anuales del acuerdo mantiene una incertidumbre que, según el columnista, «se trasmina a cualquier plan de inversiones industriales, extranjeras y nacionales, en México». No solo hay incertidumbre sobre las reglas, que pueden cambiar de un año a otro, sino sobre la permanencia misma del tratado, del que cualquiera de los tres países puede retirarse antes de 2036.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que la discusión sobre narcotráfico y soberanía se fusionó con la discusión sobre comercio. Son dos conversaciones que el gobierno mexicano ha intentado mantener separadas. Trump las ha unido deliberadamente.
Los detalles cuentan la historia. Una empresa que evalúa instalar una planta en el Bajío o en Nuevo León no solo calcula aranceles actuales: calcula si las reglas del juego estarán vigentes en tres años. Esa incertidumbre tiene precio, y ese precio lo pagan primero los trabajadores que no consiguen el empleo que no se creó, y después el contribuyente que financia los programas sociales que sustituyen al mercado laboral que no despegó.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro es preocupante por razones que van más allá del debate soberanía-intervención. Un Estado que no garantiza seguridad jurídica ni física para la inversión privada —independientemente de quién sea el responsable histórico de esa debilidad institucional— termina cediendo terreno al aparato estatal como único actor económico relevante. Y un aparato estatal que sustituye al mercado no resuelve la pobreza estructural que, como reconoce el propio columnista, alimenta el reclutamiento criminal. El libre mercado, la propiedad privada y el estado de derecho no son lujos ideológicos: son la única infraestructura que ha demostrado sacar poblaciones de la marginación de forma sostenida. Mientras esa infraestructura siga deteriorada, la discusión sobre quién manda en el territorio será secundaria frente a la pregunta de fondo: qué México quedará cuando la presión ceda.
