La escena lo dice todo. Bogotá tiene 370.000 postes de alumbrado público, cada uno con electricidad, ubicación estratégica y décadas de historia burocrática encima. El 30 de noviembre vence el Convenio 766 de 1997, el contrato que durante casi tres décadas ha regulado ese servicio. Y en medio de ese vencimiento, la Administración Distrital presentó una reforma tributaria que incluye una sobretasa al impuesto predial para financiar lo que viene después.
La proyección oficial habla de $354.000 millones anuales y un total estimado de $4,21 billones en diez años. El dinero de los contribuyentes bogotanos, en otras palabras, puesto sobre la mesa para decidir si la ciudad da un salto tecnológico o simplemente perpetúa un modelo que el concejal Juan David Quintero describió sin rodeos como «oscuro y perverso».
Quintero es el protagonista de este debate. Su propuesta es concreta: transformar cada poste en un nodo de Internet de las Cosas capaz de albergar sensores de movilidad, calidad del aire, ruido, cámaras de seguridad y sistemas de respuesta a emergencias, todos conectados a una plataforma central que integraría y analizaría datos en tiempo real. Como referencia citó el Centro de Operaciones de Río de Janeiro, donde la integración tecnológica coordina seguridad, movilidad y emergencias de manera eficiente. «El mundo entero está utilizando la infraestructura del alumbrado para construir ciudades inteligentes», afirmó. «Los postes pueden dejar de ser simples soportes de bombillos y convertirse en los sentidos de Bogotá».
Pero su respaldo a la sobretasa tiene condiciones no negociables. Primera: el impuesto debe ser estrictamente temporal, con un plazo máximo de diez años. Segunda: los recursos deben destinarse de manera exclusiva a construir esa infraestructura tecnológica, sin que un peso termine alimentando el sistema actual. «Los bogotanos pueden hacer un esfuerzo extraordinario para construir el cerebro digital de Bogotá, pero no para crear un impuesto eterno. Si hablamos de una inversión, debe tener principio, fin y resultados verificables», insistió el cabildante.
El cerebro digital que Quintero imagina tiene nombre propio: la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, la ETB, de la cual el Distrito posee el 86,36%. La empresa cuenta con una extensa red de fibra óptica y más de dos millones de hogares conectables. Durante el primer semestre de 2026 mostró señales de recuperación: ingresos por $838.481 millones y utilidades operacionales tras años de pérdidas. Aun así, el concejal reconoció que la ETB enfrenta retos financieros y debe ser fortalecida estratégicamente para asumir el nuevo rol.
La trastienda del debate tiene otro actor incómodo: Enel, que actualmente controla el 93,7% de los activos del sistema de alumbrado. Al vencer el convenio, no está claro si la empresa devolverá los postes al Distrito. Quintero advirtió sobre el riesgo de una prórroga automática, similar a lo que ocurrió en el pasado con el servicio de aseo, que según el concejal dejó a la ciudad en una situación de crisis y falta de innovación. Prorrogar el modelo actual, dijo, solo perpetuaría «un contrato del siglo pasado» centrado en el simple cambio de bombillas.
El concejal también exigió que la reforma incluya medidas de eficiencia en el gasto público antes de solicitar mayores esfuerzos tributarios a los ciudadanos. El orden de los factores, en su lectura, no es menor: primero demostrar que el aparato estatal gasta bien lo que ya tiene; después pedir más.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El vencimiento del Convenio 766 no es un trámite administrativo: es la ventana más clara que ha tenido Bogotá en décadas para decidir quién controla su infraestructura urbana y con qué propósito. La propuesta de Quintero tiene el mérito de poner esa pregunta en términos concretos: tecnología verificable, plazo definido, empresa pública como ejecutora.
Desde la línea de Hemisferio, el principio en juego es elemental. Un impuesto sin fecha de vencimiento y sin destino específico no es una inversión: es una renta capturada por la burocracia. La condición de temporalidad que exige Quintero no es un capricho político; es la diferencia entre un tributo que construye algo y uno que simplemente financia la inercia. Si la Administración Distrital quiere los votos y el dinero de los contribuyentes, tendrá que aceptar ese trato. El desenlace de esta negociación dirá mucho sobre quién manda realmente en la ciudad.
