Los detalles cuentan la historia. Una semana después del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, los números siguen moviéndose —hacia arriba en víctimas identificadas, hacia abajo en el balance oficial de muertos— y la maquinaria del Estado trabaja a contrarreloj para devolver a las familias lo que el sismo les arrebató.
El Instituto de Medicina Legal (IML) informó este lunes que ha recibido 304 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, los cuatro más golpeados por el sismo de magnitud 7,4 cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el límite entre Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. De esos 304, ya fueron identificados 300, y la mayoría ha sido entregada a sus familiares.
Entre las víctimas identificadas hay 22 menores de edad.
Cali, capital de Valle del Cauca, encabeza el recuento con 139 fallecidos identificados. Le sigue Pereira, capital de Risaralda, con 107. Más atrás aparecen Quibdó con 12, Buenaventura con nueve, Buga y Roldanillo con seis cada una, y Manizales con cinco. La geografía del desastre traza una línea directa desde el epicentro hacia las dos ciudades más pobladas de la región.
El proceso de entrega de cuerpos se coordina entre el IML y la Fiscalía General de la Nación en las sedes municipales correspondientes. Un detalle logístico revela la magnitud del colapso: los fallecidos registrados en Cali están siendo entregados en la vecina ciudad de Palmira, señal de que la infraestructura local aún no ha recuperado su capacidad operativa normal.
El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), publicado el domingo, cifró en 289 los fallecidos —cinco menos que el sábado, una diferencia que las autoridades no han explicado públicamente—, además de 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Hasta ese momento, 354 personas habían sido rescatadas de edificios derrumbados o con graves daños estructurales.
La discrepancia entre los 304 cuerpos recibidos por el IML y los 289 muertos que reporta la UNGRD refleja los tiempos distintos de cada institución: Medicina Legal trabaja con los cuerpos que efectivamente llegan a sus instalaciones; la UNGRD consolida cifras de campo que aún están en movimiento. En catástrofes de esta escala, esa brecha es habitual y tiende a cerrarse con los días.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El sismo del 10 de agosto no golpeó una zona marginal: sacudió el corredor económico más denso del Pacífico colombiano, una franja que conecta el puerto de Buenaventura —la principal salida marítima del país— con los centros industriales de Cali y el eje cafetero de Pereira y Manizales. El daño humano es el más urgente, pero el daño a la infraestructura productiva de esa región tendrá consecuencias que se medirán en meses, no en días.
La escena lo dice todo. Colombia enfrenta una emergencia que desborda la capacidad de respuesta local y exige coordinación nacional sostenida. La pregunta que el gobierno de Petro no puede eludir es si el aparato estatal —con sus recursos, su logística y su cadena de mando— está a la altura de una reconstrucción que afecta a cuatro departamentos simultáneamente. Los contribuyentes colombianos, y los miles de damnificados que esperan respuestas concretas, merecen esa rendición de cuentas. La eficiencia en la identificación de víctimas por parte del IML es un dato alentador; lo que venga después —vivienda, infraestructura, reactivación económica— será la prueba real.
