Los detalles cuentan la historia.
A una semana del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) publicó el martes 18 de agosto un boletín que fija en 312 el número de cuerpos recibidos en sus sedes. De ese total, 306 ya fueron identificados y al menos 300 entregados formalmente a sus familias. Entre las víctimas identificadas hay 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros.
Los cuerpos provienen de cuatro departamentos: Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, los más golpeados por el sismo cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, municipio chocoano en el límite con Valle del Cauca y Risaralda. Cali encabeza la lista con 144 víctimas identificadas; Pereira le sigue con 107. Más atrás aparecen Quibdó con 12, Buenaventura con nueve, Buga y Roldanillo con seis cada una, y Manizales con cinco.
Las labores forenses se adelantan en las sedes del IML en Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura y Chocó, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Un detalle logístico ilustra la magnitud del colapso: los fallecidos registrados en Cali están siendo entregados en la vecina ciudad de Palmira, porque la capacidad instalada en la capital vallecaucana resultó insuficiente.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El terremoto del 10 de agosto es, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el peor que ha sufrido Colombia desde el de 1999, que devastó Armenia. Además de los muertos, la UNGRD reporta 4.548 heridos y 426 desaparecidos, así como numerosos edificios derrumbados o con graves daños estructurales en varias ciudades.
La escena lo dice todo.
Pero hay una cifra que no encaja. La noche del lunes 17 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella se dirigió al país y fijó en 289 el número de fallecidos, una cifra 23 cuerpos por debajo de la que el propio aparato forense del Estado —adscrito a la Fiscalía, no al Ejecutivo— publicó al día siguiente. La discrepancia no es menor: Medicina Legal no proyecta ni estima; cuenta cuerpos físicos recibidos en sus instalaciones.
No es la primera vez que en una emergencia latinoamericana los números oficiales del gobierno y los del organismo técnico independiente divergen en la misma dirección: hacia abajo en la versión presidencial. Las razones pueden ser técnicas —diferencias en el momento del corte, cuerpos aún en tránsito, dobles registros— o pueden responder a otra lógica. Las fuentes disponibles no permiten afirmar cuál es el caso aquí. Lo que sí permiten afirmar es que la institución forense, con nombre, sede y protocolo, dice 312, mientras que la Casa de Nariño dice 289.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio merece atención por lo que revela sobre la arquitectura institucional en una crisis. Cuando el Estado funciona, los organismos técnicos —forenses, estadísticos, sanitarios— operan con autonomía suficiente para publicar datos que el gobierno de turno no controla. Que Medicina Legal haya emitido su boletín con cifras distintas a las del presidente, sin aparente autocensura, es una señal de que esa autonomía existe, al menos por ahora. Preservarla no es un detalle burocrático: es la diferencia entre un país que puede medir su tragedia y uno que solo puede administrar su relato.
El costo humano ya es irreversible: 312 cuerpos, 24 de ellos niños, 12 extranjeros, 426 personas todavía desaparecidas y miles de heridos en una región cuya infraestructura quedó severamente dañada. La reconstrucción —física, económica, institucional— será larga y cara. Los contribuyentes colombianos, y los donantes internacionales que ya miran hacia el país, merecen que cada cifra sea la correcta.
