La escena lo dice todo. Diez días después del sismo, los equipos de emergencia siguen removiendo escombros en el Chocó y el Eje Cafetero mientras los números no dejan de crecer.
El balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), divulgado este miércoles 19 de agosto, eleva a 314 el número de personas fallecidas. A esa cifra se suman 4.437 heridos y 262 desaparecidos. Hasta ahora, 364 personas han sido rescatadas con vida.
El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Desde allí, la onda destructiva se extendió hacia Caldas, Quindío y Risaralda. Las autoridades lo califican como el movimiento telúrico más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.
El mapa del daño
La Ungrd calcula que 262.154 personas, agrupadas en 147.464 familias, resultaron afectadas en 471 municipios de 15 departamentos. En materia habitacional, el reporte oficial contabiliza 30.664 viviendas destruidas y 136.946 con daños estructurales, además de 302 edificaciones colapsadas, principalmente en Cali y Pereira.
Los daños se extendieron a la infraestructura esencial: 352 centros de salud, 3.470 instituciones educativas y 4.971 centros comunitarios resultaron afectados. La red de transporte y servicios públicos también acusó el golpe: 449 vías dañadas, 105 acueductos comprometidos, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos con afectaciones.
La trastienda política
En medio de la emergencia, los protagonistas del escenario político colombiano han movido sus piezas con rapidez. Según información publicada por El Nacional, Abelardo De la Espriella anunció un acuerdo con aseguradoras para agilizar pagos a los damnificados y aseguró que Estados Unidos estaría dispuesto a suspender temporalmente los aranceles a Colombia como gesto de solidaridad ante el desastre. Washington, por su parte, ya envió 10 toneladas de ayuda humanitaria al país.
De la Espriella también entregó a la Fiscalía lo que denominó el «Libro de la Verdad», con denuncias contra el gobierno de Petro, una acción que, según sus promotores, busca documentar irregularidades en la gestión del Estado más allá de la coyuntura sísmica.
El desenlace que viene
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 10 de agosto, Colombia no solo perdió cientos de vidas: perdió infraestructura crítica cuya reconstrucción demandará recursos que el aparato estatal, ya tensionado por años de gasto expansivo bajo el gobierno de Petro, difícilmente podrá movilizar con la velocidad que la emergencia exige.
Los detalles cuentan la historia. Más de 3.400 escuelas dañadas significan generaciones de niños fuera de las aulas. Más de cien acueductos comprometidos significan comunidades sin agua potable en zonas donde el Estado llega tarde y mal. Y 167.000 viviendas destruidas o dañadas representan un desafío de reconstrucción que ningún gobierno puede afrontar solo.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la pregunta no es si Colombia necesita ayuda —la necesita, y urgente—, sino si el marco institucional y la política económica vigentes permiten que esa ayuda llegue con eficiencia. La reconstrucción requiere inversión privada, seguridad jurídica y un Estado que facilite en lugar de obstruir. Cada día que se pierda en burocracia es un día más que una familia duerme a la intemperie. El giro que Colombia necesita después del sismo no es solo de grúas y cemento: es de incentivos, de confianza y de un gobierno que ponga el bienestar de los damnificados por encima de la agenda ideológica.
