La escena lo dice todo. Nueve días después de que el suelo se abriera bajo San José del Palmar, en el departamento de Chocó, Colombia sigue contando a sus muertos y buscando a sus desaparecidos. El terremoto del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 y epicentro en ese municipio chocoano, sacudió al país a las 7:34 de la mañana. El miércoles 19 de agosto de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó su boletín oficial número 15 y la cifra se movió, aunque apenas: 319 cuerpos recibidos, un aumento de 1,52% respecto al reporte anterior.
De esos 319 cuerpos, 314 han sido identificados y 309 ya fueron entregados a sus familias. Diez cadáveres permanecen pendientes de entrega en regiones como Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó. Entre los identificados figuran 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros, según informó la autoridad forense.
Los detalles cuentan la historia, y uno de ellos es incómodo: el número que maneja Medicina Legal no coincide con el que presenta la presidencia de la República. El presidente Abelardo de la Espriella ha citado 314 fallecidos, basándose en las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La diferencia es de cinco personas. Ninguna fuente oficial ha explicado el origen de ese desfase.
Donde sí hay coincidencia es en los desaparecidos: 262 personas siguen sin ser halladas, cifra que coincide con el reporte presidencial. A ese número se suman 294 personas localizadas con vida y 98 encontradas sin vida. Pereira encabeza la lista de ciudades con mayor número de desaparecidos, seguida de Cali.
El mapa de la destrucción física es igualmente severo. Según los datos presentados por De la Espriella, 30.664 viviendas quedaron completamente destruidas y otras 136.946 presentan daños. El colapso alcanzó a 302 edificios, con daños estructurales en 5.809 más. Al menos 3.470 centros educativos registran afectaciones, al igual que 352 centros de salud.
Las labores de búsqueda y rescate continúan activas en zonas urbanas y rurales, con la participación de organismos de socorro, fuerzas militares y voluntarios. Las autoridades han subrayado la coordinación entre entidades, aunque la ventana de vida se agota con el paso de los días y la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros se reduce.
En paralelo, la organización Transparencia por Colombia emitió una alerta sobre los riesgos de corrupción en el manejo de los recursos destinados a la emergencia, señalando que este tipo de crisis suele generar irregularidades en contratos y en la administración del dinero público.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el terremoto del 10 de agosto de 2026 pone sobre la mesa no es solo una tragedia humanitaria de proporciones mayores, sino una prueba de estrés para el aparato estatal colombiano. La discrepancia entre las cifras de Medicina Legal y las de la Ungrd —entidad bajo la órbita del ejecutivo— no es un detalle menor: cuando el Estado habla con dos voces sobre sus propios muertos, la confianza institucional paga el precio. La alerta de Transparencia por Colombia sobre el riesgo de corrupción en la gestión de la emergencia añade otra capa de preocupación legítima: los recursos que llegan para reconstruir 30.664 viviendas destruidas y atender a cientos de miles de damnificados son dinero de los contribuyentes y de la cooperación internacional, y su destino merece vigilancia estricta. El desafío para el gobierno de De la Espriella no termina cuando cesen los rescates; empieza cuando lleguen los contratos.
