Para entender el presente hay que volver a esa mañana del sábado 22 de agosto.
María Hernández Morales, madre de tres hijos, ingresó a la cárcel La Modelo de Bogotá alrededor de las 10:00 de la mañana para visitar a William Rafael Martínez Alvarino, un interno de 45 años oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar. Dos horas y media después, su cuerpo fue encontrado dentro de una celda del pabellón 13. Eran aproximadamente las 12:30 del mediodía.
Martínez Alvarino cumple una condena de 21 años y cuatro meses por el intento de feminicidio de quien era entonces su pareja y madre de sus tres hijos. Ese ataque ocurrió el 30 de octubre de 2015, en el sur de Bogotá. Según el expediente judicial, el hombre persiguió a la mujer armado con una navaja y la alcanzó cuando intentaba buscar refugio. La agresión le provocó más de 20 heridas en diferentes zonas del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen. Para el momento de ese ataque existía una orden de alejamiento contra él. La víctima sobrevivió, pero sufrió lesiones permanentes y fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.
La defensa intentó en su momento que aquel episodio fuera considerado una riña en el contexto de violencia intrafamiliar. El argumento no prosperó ante el juez, y Martínez Alvarino terminó recluido en La Modelo desde 2018.
Ahora, según el reporte preliminar, el mismo hombre manifestó ante funcionarios del Inpec ser responsable de la muerte de María Hernández Morales. La Fiscalía estudia el nuevo caso como un posible feminicidio.
Los detalles cuentan la historia, y en este caso los detalles son preguntas sin respuesta. El Inpec no ha explicado públicamente cuánto tiempo estuvieron María y el interno sin supervisión, cómo fueron advertidos los funcionarios sobre la emergencia ni qué personal tenía asignada la vigilancia del pabellón durante la jornada de visitas. Tampoco ha informado si en ese lugar había botones de pánico u otros sistemas de alerta, si estaban operativos y cuánto tardaron los funcionarios en responder.
El Ministerio de Justicia solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario un informe sobre lo ocurrido y ordenó revisar los protocolos aplicados tanto para las visitas generales como para los encuentros íntimos. La revisión deberá establecer posibles fallas y determinar si es necesario modificar las medidas de seguridad en La Modelo y en otros centros penitenciarios del país.
Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer el homicidio y definir la responsabilidad penal de Martínez Alvarino.
La escena lo dice todo. Un hombre condenado por atacar con una navaja a su pareja, con más de 20 heridas infligidas y una orden de alejamiento vigente al momento de ese crimen, recibía visitas en un pabellón donde una mujer podía morir sin que el aparato estatal lo advirtiera ni lo impidiera. No es una falla puntual: es el retrato de un sistema penitenciario que no garantiza ni la seguridad de quienes ingresan bajo su responsabilidad ni la vigilancia efectiva de quienes ya fueron condenados por violencia extrema.
El Estado colombiano tiene la obligación de custodiar a sus reclusos y de proteger a los ciudadanos que acceden legalmente a sus instalaciones. Cuando esa custodia falla de manera tan visible, la pregunta no es solo penal, sino institucional: ¿cuántas otras visitas transcurren sin supervisión real en los pabellones del país? La respuesta que el Inpec le debe a la familia de María Hernández Morales es también la que le debe a la sociedad.
