La escena lo dice todo. Un sábado por la tarde, en la nueva sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, Abelardo de la Espriella se sentó frente a los hombres que mueven el crédito en Colombia. Pocas horas después, el acuerdo estaba cerrado.
Jaime y Gabriel Gilinski, dueños del Banco GNB Sudameris; Luis Carlos Sarmiento, cabeza del Grupo Aval; Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar —al que pertenece Davivienda—; y Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, entre otros, accedieron a la solicitud directa del jefe de Estado: ofrecer créditos de vivienda al 8% efectivo anual para los damnificados del terremoto del 10 de agosto, durante toda la vida del crédito.
La cifra de referencia hace más legible el alcance del gesto. Según datos de la Superintendencia Financiera, la tasa promedio del crédito hipotecario en agosto se ubicaba en 14,79% efectivo anual. La tasa más baja registrada antes del acuerdo correspondía al Fondo Nacional del Ahorro, con 11,71%. El nuevo piso, 8%, representa una reducción de 600 puntos básicos frente al promedio del mercado.
Lo que eso significa en el bolsillo
Rodrigo Hernández, exgerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, fue preciso en su análisis: una reducción de esa magnitud puede disminuir la cuota mensual de los deudores en más de 30%. Los números concretos lo confirman. Para una familia que financie $183,8 millones —el monto máximo financiable para una vivienda de interés social en ciudades principales, equivalente al 70% de un inmueble de $262 millones— a 20 años con Davivienda, la cuota mensual pasaría de aproximadamente $2,21 millones con la tasa de 14,44% EA a $1,47 millones con la nueva tasa del 8%, una reducción mensual de $739.752, es decir, un 33,4% menos.
Hernández añadió que, dependiendo de los niveles de inflación, mantener una tasa de 8% efectivo anual durante toda la vida del crédito implicaría que los bancos estarían entregando financiación a una tasa real cercana a cero o incluso negativa.
El primero en moverse
Bancolombia fue la entidad que primero concretó el llamado presidencial. Desde el 20 de agosto anunció un paquete superior a $5 billones en nuevas financiaciones para familias, empresas y entidades territoriales de las zonas afectadas. Además de los créditos de vivienda al 8% EA, la entidad ofrece financiación de consumo y microcrédito al 10%, junto con líneas empresariales y territoriales con condiciones especiales.
Las medidas aplican para personas y organizaciones ubicadas en Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Suroeste antioqueño, Cauca y Tolima. En materia de vivienda, Bancolombia financiará inmuebles nuevos o usados, urbanos o rurales, mediante crédito hipotecario y leasing habitacional, e incluirá remodelaciones a través de créditos hipotecarios.
De la Espriella resumió el tono del encuentro al salir: «Les agradecí su decidido y solidario apoyo en estos momentos tan difíciles. Han aportado recursos y ayudas muy valiosas que serán fundamentales para la reconstrucción del país».
La lectura de Hemisferio
Lo que ocurrió en Barranquilla ese sábado es, ante todo, una demostración de lo que el sector privado puede hacer cuando el Estado convoca sin coaccionar. No hubo decreto, no hubo amenaza regulatoria, no hubo expropiación de márgenes por ley: hubo una mesa, una petición y una respuesta voluntaria de la banca. Eso merece ser nombrado con claridad.
El desafío que sigue es de ejecución. Colombia necesita, según cifras citadas en medios nacionales, $30 billones para la reconstrucción. Los $5 billones anunciados por Bancolombia son un primer paso, no el desenlace. La velocidad con que el resto de los grupos financieros formalice sus compromisos, y la capacidad del aparato estatal para no entorpecer el acceso de las familias a esos créditos, definirán si este acuerdo pasa a la historia como un hito real o como una foto de Barranquilla que no tuvo continuidad.
