La escena lo dice todo. Ante los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella pronunció una frase que resume el giro más nítido de su política de seguridad: «Aquí se acabó esa división».
El anuncio, hecho este lunes, es tan simple en su enunciado como profundo en sus implicaciones: todos los grupos armados ilegales serán tratados como terroristas por el Estado colombiano, sin distinción por nombre, estructura o forma de operación. No habrá categorías. No habrá tratamientos diferenciados.
El fin de la taxonomía del crimen
Durante años, la política de seguridad colombiana operó con una arquitectura de clasificaciones: guerrillas, disidencias, grupos de autodefensa, bandas criminales, organizaciones de crimen organizado. Cada denominación abría —o cerraba— puertas jurídicas, operativas y, en algunos casos, negociadoras. De la Espriella desmontó esa arquitectura con una sola instrucción.
«Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal», afirmó el mandatario según la fuente.
La frase no es retórica. Tiene consecuencias operativas inmediatas.
El Bloque Nacional de Búsqueda
La medida más concreta del paquete es la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. La unidad reunirá al Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con participación coordinada de la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura.
El objetivo declarado es concentrar capacidades institucionales para identificar y perseguir las estructuras dedicadas a la extorsión: tanto a quienes ejecutan las amenazas como a las organizaciones que obtienen recursos mediante ese delito.
A esa unidad se suman tres herramientas complementarias: la reactivación del sistema de recompensas, operativos de redadas y la red de cooperantes. Son instrumentos que el Gobierno plantea utilizar para obtener información y avanzar contra las organizaciones criminales.
Cuerpos élite y seguimiento financiero
La estrategia no se limita al músculo militar. De la Espriella anunció también la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, con el propósito de fortalecer la investigación y judicialización de estas estructuras de manera articulada con las operaciones de la Fuerza Pública.
En paralelo, el presidente ordenó una mayor integración de la UIAF —la unidad de inteligencia financiera— con la Policía y el sistema financiero, para identificar movimientos económicos relacionados con actividades criminales. Golpear el bolsillo, no solo el terreno.
Sobre la coordinación interna de las instituciones, De la Espriella fue explícito: «La Fuerza Pública colombiana debe actuar como un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre instituciones, bajo una sola bandera», según indicó la Presidencia.
El mandatario también precisó que las próximas reuniones con las autoridades estarán orientadas a verificar la ejecución de las órdenes impartidas, no a realizar nuevos diagnósticos sobre la situación de seguridad. La etapa del diagnóstico, en su lectura, ya terminó.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia llega a este anuncio después de años en que la distinción entre «actores del conflicto» y «criminales comunes» sirvió, en la práctica, para dilatar la respuesta del Estado y abrir espacios de negociación que, según sus críticos, terminaron financiando la expansión territorial de las mismas organizaciones que se pretendía contener.
De la Espriella elige el camino opuesto: unificación de la respuesta, coordinación de las instituciones y persecución del financiamiento. Es una apuesta por el monopolio legítimo de la fuerza —principio elemental del Estado de derecho— frente a la fragmentación que durante demasiado tiempo permitió que el crimen operara en los márgenes de las categorías jurídicas.
Los detalles cuentan la historia. La prueba no estará en Barranquilla ni en el anuncio, sino en las ciudades donde los cuerpos élite de fiscales y el Bloque de Búsqueda tendrán que demostrar que la orden presidencial se traduce en resultados concretos para los colombianos que pagan extorsiones cada semana.
