La escena lo dice todo. En los años noventa, cuando la princesa japonesa Hanako de Hitachi visitó el lago Todos los Santos, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) tenían un solo temor: que la visitante pidiera ir al baño. Los dos sanitarios disponibles eran, según recuerda Fernando Gebhard, director de Conaf en la Región de Los Lagos, «muy sencillos, muy rudimentarios». La anécdota, contada esta semana en un seminario en la Universidad Católica, resume con precisión quirúrgica la brecha histórica entre la ambición conservacionista de Chile y la realidad de su infraestructura.
Treinta años después de aquel episodio, el Vicente Pérez Rosales recibe más de 700 mil visitantes por año y es el parque más concurrido del país. El sistema que lo alberga ha crecido hasta abarcar 110 áreas silvestres protegidas —46 parques nacionales, 45 reservas nacionales y 19 monumentos naturales—, con 18,8 millones de hectáreas bajo algún régimen de protección: alrededor del 21% de la superficie nacional. Son las cifras que el lunes convocaron a autoridades, fundaciones y académicos para celebrar el centenario del sistema, contado desde la creación del propio Vicente Pérez Rosales en 1926.
El seminario fue organizado por las fundaciones Parque Tantauco, Rewilding Chile y The Pew Charitable Trusts, entre otras, y contó con la presencia de la ex presidenta Michelle Bachelet y la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo. La tónica general fue de satisfacción. «Chile definitivamente tiene algo que celebrar», afirmó Carolina Morgado, directora ejecutiva de Rewilding Chile, destacando que el país se ubica «a la cabeza a nivel mundial en términos de la cantidad de territorio protegido». Francisco Solís, director del programa Patagonia Chilena de The Pew Charitable Trusts, calificó el encuentro como «una oportunidad histórica de reflexión» en torno a «esta verdadera política de Estado que es conservar nuestro patrimonio más valioso».
Pero los detalles cuentan la historia. Detrás de los números celebratorios, la falta de financiamiento fue el motor real de la discusión. Un sistema que cubre una quinta parte del territorio nacional opera con recursos que los propios actores del sector describen como insuficientes, y la infraestructura sigue siendo una deuda pendiente en varios frentes.
La evolución del sistema también tiene una geografía desigual. Según Morgado, el 80% de la superficie de las áreas protegidas se concentra en la Patagonia. El fotógrafo Guy Wenborne, quien en 36 años de trayectoria ha retratado todos los parques del país, lo describe como «un problema feliz»: el sur está, en sus palabras, «sobrerrepresentado». El norte, en cambio, queda rezagado. «Hay muchos territorios que se podrían preservar más en el norte», señala Wenborne, quien atribuye la resistencia a «una fuerte oposición a generar más áreas protegidas, porque va en conflicto directo con el desarrollo minero».
Ese conflicto no es menor. Chile es uno de los mayores productores de cobre del mundo, y la minería opera en zonas que coinciden con ecosistemas de alto valor en el norte del país. La tensión entre conservación y extracción no se resolvió en el seminario, pero quedó planteada con claridad.
En el sur, el modelo de conservación privada ha dejado resultados visibles. Morgado recuerda cuando la pareja de filántropos estadounidenses Douglas y Kristine Tompkins adquirió el Valle Chacabuco en 2004, en la Región de Aysén, con el objetivo de crear lo que hoy es el Parque Nacional Patagonia. Lo que era una estancia con «cientos de kilómetros de cercos, con ganado y con pastos sobrepastoreados» es hoy, según describe, «la estepa patagónica en su máximo esplendor», con guanacos y ñandúes que regresaron al territorio.
El sistema, sin embargo, enfrenta también turbulencias institucionales. En marzo de este año, el Ministerio del Medio Ambiente retiró de Contraloría 43 decretos ambientales de la administración anterior, entre ellos los que creaban nuevos parques y reservas. Los últimos parques decretados fueron el Parque Nacional Glaciares de Santiago y el Parque Nacional Desierto Florido, ambos en 2023.
Morgado apunta a una oportunidad económica concreta: el 60% de los visitantes extranjeros que llegan a Chile lo hacen atraídos por el sector naturaleza. «Hay una gran oportunidad de desarrollo económico que va de la mano de la naturaleza», afirma.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El centenario del sistema de parques nacionales chilenos es, ante todo, la historia de una apuesta por el libre mercado de las ideas conservacionistas: la iniciativa privada —desde los Tompkins hasta The Pew Charitable Trusts— ha hecho lo que el aparato estatal no pudo financiar. El desafío del próximo siglo no es solo ampliar el mapa verde, sino resolver quién paga la cuenta. Un sistema que depende de la filantropía extranjera y del turismo para sostenerse es un sistema frágil. La pregunta que nadie formuló en el seminario, pero que flotaba en el aire, es la misma de siempre: cuánto cuesta mantener lo que ya existe, y quién está dispuesto a pagarlo.
