El miércoles 26 de agosto de 2026, un vuelo chárter despegó del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, con 20 extranjeros a bordo. Destino: Colombia primero, Ecuador después. Era el tercer operativo de este tipo ejecutado por Costa Rica en lo que va del año.
La Policía Profesional de Migración confirmó que entre los deportados había personas que ya habían cumplido condenas en territorio costarricense. El director de la institución, Edwin Miranda, lo dijo sin rodeos: «Aquí tenemos el traslado de 20 personas en condición irregular dentro del país. Algunos ya han cumplido sentencia por delitos varios, entre ellos robo y otros delitos».
Del total, 14 son ciudadanos colombianos —12 hombres y dos mujeres— y seis son ecuatorianos, todos hombres. Los colombianos fueron entregados en la primera escala; los ecuatorianos continuaron el trayecto hasta su país.
Entre las conductas delictivas asociadas con algunos de los deportados figuran infracciones a la Ley de Psicotrópicos, robo, tráfico de drogas y tentativa de homicidio. Las autoridades aclararon que la deportación es una medida administrativa migratoria que se ejecuta una vez que se verifican las condiciones establecidas en la legislación costarricense, y que en los casos vinculados a procesos penales se espera el cumplimiento de las sentencias antes de materializar la salida del país.
Con este operativo, Costa Rica elevó a 78 la cantidad de extranjeros deportados mediante vuelos chárter en 2026.
Los detalles cuentan la historia. El vuelo no habría sido posible sin el respaldo de Washington. Miranda explicó que los recursos utilizados forman parte del apoyo brindado por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica: «Esto se está haciendo con los recursos del apoyo técnico de la Embajada de los Estados Unidos y en convenio con nuestras autoridades locales y la Policía Profesional de Migración». Según el funcionario, se prevé que esta dinámica de cooperación continúe durante los próximos meses.
La Policía de Migración anunció además que mantendrá los operativos para identificar a extranjeros en condición irregular, con la posibilidad de que cada caso derive en distintas medidas administrativas, incluida la deportación cuando la normativa así lo establezca.
La escena lo dice todo. Costa Rica, un país sin ejército y con una tradición institucional que se enorgullece de su apego al derecho, está recurriendo a vuelos chárter financiados con cooperación estadounidense para devolver a sus países de origen a personas que delinquieron en su territorio. No es retórica: es administración del orden público con los recursos disponibles.
El principio en juego es sencillo: el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y de hacer cumplir la ley, también —y especialmente— frente a quienes ingresaron o permanecieron en el país al margen de ella. La cooperación con Estados Unidos en materia migratoria, lejos de ser una concesión, es un instrumento que amplía la capacidad operativa de un país pequeño para sostener ese principio. Que 78 personas con vínculos delictivos hayan salido del territorio en lo que va de 2026 no es un dato menor: es la señal de que el aparato estatal puede funcionar cuando tiene voluntad política y socios confiables.
