La escena lo dice todo. En la madrugada del lunes, bandas armadas irrumpieron en la comuna de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, y dejaron un rastro que la ONU cifró este martes en al menos 47 muertos. Entre ellos, 22 que, según Naciones Unidas, «fueron presuntamente ejecutados en el recinto de una iglesia donde se habían refugiado».
El comunicado de Naciones Unidas trasladó la condena de su secretario general, Guterres, por la masacre, y recogió su llamado a las autoridades haitianas para que «garanticen que los responsables de estos ataques rindan cuentas ante la justicia, incluso a través de las unidades judiciales especializadas, creadas recientemente con apoyo internacional para investigar crímenes masivos».
El lunes, antes de que la ONU actualizara la cifra, la agencia EFE había podido contabilizar en el lugar al menos una veintena de cadáveres. La brecha entre ese primer recuento y los 47 que fijó Naciones Unidas al día siguiente habla por sí sola del caos que rodea cada episodio de violencia en el país.
Los responsables pertenecen a la coalición armada Viv Ansanm. Su objetivo en Kenscoff no es aleatorio: la zona es estratégica por su proximidad al departamento del Sudeste y a la ciudad de Jacmel, que hasta ahora había permanecido relativamente al margen de la violencia que afecta a gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe. Tras los ataques, los grupos suelen replegarse hacia barrios fronterizos con Kenscoff, entre ellos Carrefour, donde la presencia del Estado es, según la fuente, «muy limitada».
La reacción de la población fue inmediata. Cientos de habitantes se concentraron frente al comisariado de Kenscoff para denunciar la inseguridad y reclamar una respuesta de las fuerzas del orden. Los manifestantes cuestionaron la gestión estatal y denunciaron la falta de medidas concretas para frenar la violencia que, según la fuente, afecta a la comuna desde hace más de 20 meses.
El contexto que rodea esta masacre es devastador. Según datos de la ONU actualizados este martes, la violencia en Haití causó en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos. A eso se suma que unos 5,8 millones de haitianos —aproximadamente el 52 % de la población— sufren inseguridad alimentaria en categoría 3 sobre 5, mientras que la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1,4 millones, un nivel descrito por organismos internacionales como sin precedentes.
Los detalles cuentan la historia. Kenscoff no es un barrio marginal olvidado en el mapa: es una zona de acceso al sur del país, y su caída bajo la presión de Viv Ansanm representaría un salto geográfico significativo para una coalición que ya controla amplias franjas del área metropolitana. La iglesia convertida en escena del crimen es, en ese sentido, algo más que un símbolo: es la evidencia de que no existe espacio neutral cuando el Estado ha cedido el terreno.
Para Hemisferio, lo que ocurre en Haití es el resultado predecible de un colapso institucional prolongado, no de una crisis repentina. Cuando el aparato estatal se retira —o nunca llegó— las bandas no llenan un vacío: construyen un orden propio, con sus propias reglas y su propia geografía. La comunidad internacional lleva años respondiendo con comunicados, condenas y unidades judiciales de apoyo. Los 47 muertos de Kenscoff preguntan, sin rodeos, si eso alcanza. La respuesta, por ahora, la dan los manifestantes frente al comisariado: no.
