Los números llegaron sin fanfarria, pero el mensaje es difícil de ignorar. Entre enero y julio de 2026, las Fiscalías Superiores de Adolescentes de Panamá acumularon 3,022 denuncias por hechos delictivos, 571 más que las 2,451 registradas en el mismo período de 2025. El incremento equivale a 23.3% en un año, según cifras preliminares del Centro de Estadísticas del Ministerio Público.
Los detalles cuentan la historia.
El alza no se concentró en una sola provincia: se extendió prácticamente por todo el territorio. La capital encabezó el volumen absoluto con 787 denuncias, seguida por Panamá Oeste con 520 y Chiriquí con 457. Bocas del Toro registró 303 casos, Colón 206, San Miguelito 198 y Veraguas 186. Coclé, con 124, fue la excepción: prácticamente no se movió respecto al año anterior.
Pero el dato que más inquieta no está en las cifras absolutas sino en los porcentajes de cambio. Veraguas experimentó el mayor salto porcentual al pasar de 101 a 186 denuncias, un alza de 84.2%. Bocas del Toro subió 37.7%, Herrera 31.2% y Panamá Oeste 29.7%. Incluso la capital, que ya partía de una base alta, creció 19.6%, desde 658 hasta 787 casos.
Por tipo de delito, los hechos contra la libertad e integridad sexual continuaron como la categoría más denunciada, con 1,051 casos hasta julio. Les siguieron los delitos contra la vida y la integridad personal, con 617; contra el patrimonio económico, con 535; y contra la seguridad colectiva, con 444. Los relacionados con el orden jurídico familiar y el estado civil sumaron 316.
Uno de los mayores cambios ocurrió precisamente en los delitos contra la vida y la integridad personal, que pasaron de 399 casos en 2025 a 617 en 2026, un incremento de 54.6%. Los delitos contra el orden jurídico familiar crecieron 70.8%, desde 185 hasta 316 casos, mientras los relacionados con el patrimonio económico aumentaron 21.6%.
La actividad judicial acompañó la tendencia. Entre enero y julio se realizaron 4,930 audiencias, frente a 4,146 en igual período de 2025, un crecimiento de 18.9%. Las sentencias según procedimiento también aumentaron: 365 hasta julio de 2026, frente a 275 en 2025, un alza de 32.7%. De esas 365, los acuerdos de pena dominaron con 305 casos.
Al analizar los fallos, el informe contabiliza 411 sentencias en 2026, de las cuales 408 fueron condenatorias y solo tres absolutorias. La proporción de fallos condenatorios pasó de 97% a 99% del total reportado por las fiscalías de adolescentes, lo que sugiere que los casos que llegan a juicio terminan casi invariablemente en condena.
Hubo, sin embargo, un movimiento en sentido contrario. Las medidas cautelares aplicadas disminuyeron de 640 en 2025 a 368 en 2026, una reducción de 42.5%. Dentro de ese total, las detenciones provisionales aumentaron de 161 a 198, pero las medidas distintas a la detención cayeron de 479 a 170. El sistema, en otras palabras, aplica menos medidas en total pero las que aplica son más restrictivas.
Las causas egresadas definitivamente sumaron 1,946, un 15.1% más que las 1,691 del año anterior. El criterio de oportunidad por resolución del fiscal concentró 1,015 de esos casos.
El Ministerio Público precisa que las cifras corresponden a personas y mantienen carácter preliminar.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el gobierno de Mulino prometió orden y resultados como eje de su gestión. Estas estadísticas llegan como una señal de alerta que el aparato estatal no puede ignorar: el incremento sostenido en casi todas las provincias indica que el problema de la delincuencia juvenil no es un fenómeno localizado sino estructural. La pregunta que el gobierno debe responder no es solo cuántas audiencias se realizaron, sino qué políticas concretas —de prevención, de familia, de oportunidad económica real para jóvenes— están en marcha para doblar la curva. El orden público no se sostiene solo con más sentencias condenatorias; se construye antes de que el adolescente llegue a la fiscalía.
