La escena lo dice todo. En el ex Congreso Nacional, diez mujeres que encabezan universidades chilenas se sentaron por primera vez en la misma mesa con Paulina Núñez, presidenta del Senado. El almuerzo no era protocolar: era, según sus organizadoras, el primer paso hacia una agenda colaborativa en educación superior.
La convocatoria reunió a rectoras de instituciones ubicadas en Santiago, La Serena, Rancagua y Arica, representando distintas regiones del país. Entre ellas, Pilar Romaguera, rectora de Universidad de Las Américas, quien subrayó la importancia de «construir una mirada compartida» entre instituciones y autoridades del Estado.
El dato de fondo merece atención: actualmente una de cada cuatro universidades chilenas es encabezada por una mujer. Hace una década, esa proporción era del 5,1%. Hoy, 14 de las instituciones del sistema universitario chileno tienen rectoras, y diez de ellas estuvieron presentes en este encuentro.
Los temas sobre la mesa incluyeron liderazgo femenino, igualdad y equidad de género, políticas públicas de conciliación y desarrollo académico, y el aporte de la investigación al desarrollo social. Núñez, al cierre del encuentro, anunció que de la jornada «salen muchas propuestas muy concretas» y comprometió apoyo a iniciativas planteadas por cada rectora desde su perspectiva particular.
Romaguera, por su parte, valoró que el espacio permita «aportar una perspectiva femenina a la discusión sobre políticas públicas y al futuro de la educación superior». Las participantes coincidieron en que una mayor diversidad en los liderazgos favorece instituciones más inclusivas y amplía las perspectivas desde las cuales se diseñan políticas públicas.
Los detalles cuentan la historia. El encuentro no produjo acuerdos firmados ni legislación anunciada. Produjo, según sus protagonistas, disposición y propuestas en proceso. La diferencia entre ambas cosas es, precisamente, el terreno donde se juega la utilidad real de estos foros.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La educación superior chilena atraviesa un período de transformaciones que incluyen debates sobre financiamiento, acreditación y el rol de las universidades privadas en el sistema. En ese contexto, que las rectoras —de instituciones públicas y privadas, de la capital y de regiones— logren articular una voz común frente al Senado tiene valor instrumental, no solo simbólico.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el encuentro ilustra una tensión que el sistema universitario chileno no ha resuelto: la proliferación de mesas de diálogo como sustituto de reformas estructurales. Que una de cada cuatro universidades tenga rectora es un hecho real y medible; que ese avance se traduzca en mejores condiciones para estudiantes, en mayor eficiencia del gasto en educación superior o en marcos regulatorios que protejan tanto a las instituciones como a quienes las financian —los propios estudiantes y sus familias— es una pregunta que ningún almuerzo, por bien convocado que esté, puede responder por sí solo. El valor de este tipo de instancias se mide en lo que ocurre después de que los platos se retiran.
