La escena lo dice todo. Drones cargados con explosivos sobrevolando un hospital mientras adentro médicos atendían a heridos —entre ellos militares— en Ábrego, un municipio del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. El Ministerio de Defensa de Colombia atribuyó la maniobra al frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y anunció que presentará una denuncia ante las autoridades competentes para que se abra una investigación formal.
«El ELN amenazó un hospital en Ábrego, Norte de Santander, al sobrevolar drones acondicionados con artefactos explosivos improvisados, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de pacientes, personal médico y militares heridos que recibían atención», informó la cartera en redes sociales.
El ministerio fue explícito en el encuadre jurídico: «Amenazar un bien protegido constituye una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario». Y añadió que «un hospital no es un campo de batalla» sino un lugar donde «la misión de quienes están allí es salvar vidas».
La denuncia llegó un día después de que la misma cartera reportara un ataque con drones contra un grupo de soldados en la misma zona. Ese incidente dejó un saldo concreto: un soldado muerto y cinco heridos. «Rechazamos el ataque del ELN contra nuestros soldados en Ábrego, Norte de Santander, perpetrado con drones cargados con explosivos», señaló el ministerio en ese mensaje previo.
Frente a ambos episodios, la postura oficial fue la misma: «Frente al terrorismo», la Fuerza Pública colombiana «seguirá firme y ejercerá la fuerza legítima» para defender al país y a sus ciudadanos.
Los detalles cuentan la historia. Norte de Santander no es un escenario nuevo para el ELN ni para la violencia armada en Colombia, pero el uso de drones con explosivos contra infraestructura médica marca una escalada táctica que va más allá del combate convencional. La guerrilla no atacó un cuartel: sobrevoló un hospital. La distinción importa, y el Derecho Internacional Humanitario existe precisamente para que esa distinción tenga consecuencias.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro es difícil de ignorar: el gobierno de Gustavo Petro apostó durante buena parte de su mandato por una política de «paz total» que incluía negociaciones con el ELN. Los hechos de Ábrego —un soldado muerto, cinco heridos, y ahora drones sobre un hospital— son el contrapunto más brutal a esa apuesta. No es que la negociación sea imposible por principio; es que una guerrilla que amenaza bienes protegidos por el derecho internacional mientras se sienta en una mesa no ofrece garantías de buena fe. El aparato estatal colombiano, sus soldados y los pacientes de ese hospital en Ábrego merecen algo más que declaraciones en redes: merecen una política de seguridad que ponga el orden y la vida de los ciudadanos por encima de los cálculos políticos del proceso de paz.
