A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, el suelo del occidente de Colombia se movió con una magnitud de 7,4. El epicentro fue San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Siete días después, miles de familias en Chocó, Bogotá, Cali, Pereira y al menos otros once departamentos empezaron a encontrar en las fachadas de sus edificios algo que no esperaban: calcomanías de color verde, amarillo o rojo, y letras pintadas con aerosol por equipos de rescate. Los detalles cuentan la historia.
El sismo dejó, según la fuente consultada, cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de viviendas averiadas en al menos 14 departamentos. Sin embargo, la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tuvo que explicar públicamente por qué la cifra de muertos disminuyó respecto a los primeros reportes, lo que indica que los números iniciales estuvieron sujetos a corrección. La magnitud del desastre es indiscutible; la aritmética exacta, todavía en revisión.
Mientras continuaron las labores de rescate, ingenieros de distintas entidades avanzaron en la evaluación estructural de los inmuebles afectados. Y ahí aparece el primer sistema de marcas que los ciudadanos no siempre comprenden: el protocolo INSARAG, coordinado por Naciones Unidas, que usan los equipos de búsqueda y rescate mientras operan en el terreno. Colombia cuenta con su propio equipo certificado ante ese organismo, el USAR COL-1, que obtuvo su clasificación internacional en 2018 y fue reclasificado semanas antes del sismo.
El sistema INSARAG contempla tres tipos de marcaje. El primero identifica los puntos específicos donde hay posibles personas por rescatar; no describe el daño estructural, sino la prioridad operativa. El segundo señala la ubicación de víctimas: la letra L indica una víctima viva —del inglés Live— y la D, una víctima fallecida —Deceased—. El tercero, llamado Rapid Clearance Marking, se coloca cuando un edificio ya fue revisado por completo y no requiere nuevas operaciones de búsqueda. Estas tres marcas son temporales y operativas: sirven para coordinar el rescate, no para determinar si una familia puede volver a dormir bajo ese techo.
Para eso existe un segundo sistema. El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Monroy Benítez, explicó que toda edificación con daños visibles debe pasar por una evaluación técnica antes de que sus habitantes puedan regresar. Los especialistas se apoyan en el formulario ATC-20, una herramienta diseñada para hacer una valoración rápida de las condiciones de seguridad de una estructura tras un terremoto.
De ese proceso resulta la clasificación por colores que ya circula en redes sociales y grupos de vecinos. La marca verde indica que la vivienda puede ser habitada con normalidad. La amarilla señala daños que pueden repararse o que requieren algún tipo de reforzamiento; no implica abandono definitivo, sino intervención antes de volver a usarla sin restricciones. La roja representa una condición de peligro y exige un estudio más profundo; tampoco significa demolición automática: con estudios adicionales se determina si la construcción puede rehabilitarse, reforzarse o si debe considerarse su derribo.
Los expertos insisten en un punto que no admite matices: la ausencia de una etiqueta de color no significa que la vivienda sea segura. Cualquier grieta, desprendimiento u otro daño visible —en elementos estructurales o en mampostería— debe ser revisado por personal capacitado antes de que los habitantes regresen. Una estructura puede parecer estable después del sismo y presentar problemas más adelante.
En Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en alianza con Camacol, habilitó la línea de emergencias 123 y una aplicación móvil donde los ciudadanos pueden enviar fotografías del inmueble para una primera valoración por parte de ingenieros. La capital también movilizó a Chocó un grupo de 30 ingenieros y arquitectos del Instituto de Desarrollo Urbano y de Camacol, que se sumaron a los cinco profesionales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos que ya trabajaban en la zona.
La escena lo dice todo. Un sistema técnico internacional, un protocolo de colores respaldado por ingenieros certificados y canales institucionales de reporte: el Estado colombiano desplegó herramientas que existen y funcionan. El problema no es la ausencia de protocolos, sino la velocidad con que el aparato estatal puede llevarlos hasta cada una de las decenas de miles de viviendas averiadas en 14 departamentos. Cada día que una familia espera sin una calcomanía en su puerta es un día en que la incertidumbre —y el riesgo real de colapso— corre por cuenta propia. La reconstrucción no empieza cuando llegan las máquinas; empieza cuando cada propietario sabe, con certeza técnica, si puede abrir la puerta de su casa.
