La escena lo dice todo. En un video compartido con el New York Post, Mathata «Moe» Mpela enfrenta a un grupo de estudiantes furiosos y admite, sin rodeos, que los contrató para el verano sabiendo que no tenía dinero para pagarles. No es un detalle menor: es la columna vertebral de una demanda federal colectiva presentada en el Tribunal Federal de Brooklyn.
Mpela es el fundador de Nalane Green Solutions, una empresa con sede en Brooklyn que operaba el llamado «Green Apprentice Program». El esquema era sencillo en apariencia: reclutar estudiantes destacados de universidades como CUNY y Howard University, prometerles entre 22 y 40 dólares por hora, y enviarlos a mentorear a jóvenes del Transit Tech High School en East New York sobre tecnología verde. El discurso era el de siempre en estos círculos: «empoderar comunidades, reducir el impacto ambiental e impulsar el crecimiento económico».
Lo que los estudiantes recibieron, según los documentos judiciales, fue una lección acelerada sobre el arte del engaño.
Geovanni Luti, estudiante de Howard con promedio perfecto de 4.0, rechazó una oferta en Collins Aerospace, se mudó desde Texas hasta un apartamento en el Bronx —plagado de ratas, según su propio relato— y se puso a trabajar. Pronto descubrió que su labor real consistía en redactar propuestas de subvenciones para financiar la idea de Mpela de fabricar cargadores de vehículos eléctricos en el sótano de Transit Tech. «Eso me pareció extremadamente peligroso e inético», declaró Luti al Post, señalando que la infraestructura eléctrica mal supervisada «puede matar personas».
Alana Marcial, estudiante de Howard de 20 años, trabajó 636 horas sin recibir un solo centavo. Había rechazado dos ofertas de empleo antes de unirse al programa. «Honestamente, me siento explotada», dijo. «Que nos presenten una iniciativa para hacer el bien en nuestra comunidad… es desgarrador».
Julie Liu, estudiante de posgrado de CUNY de 26 años, fue prometida 27 dólares por hora como supervisora el verano anterior y se convirtió en una de las impulsoras de la demanda colectiva. «Me hace sentir que mi interés en servir a los demás fue simplemente instrumentalizado para el beneficio de otra persona», declaró. Los 32 estudiantes de la escuela de ingeniería de City College, según Liu, adeudan cada uno miles de dólares en salarios impagos.
La mayoría de los afectados llegó a Nalane a través de las oficinas de empleo de sus universidades. Liu recordó que las primeras entrevistas se realizaron en la oficina del decano de la escuela de ingeniería. «Confiamos en esta empresa emergente, aunque nunca habíamos oído hablar de ella, porque confiábamos en nuestros administradores en City College», explicó.
La deuda total asciende a cerca de 950.000 dólares, según la abogada de los demandantes, Chaya Gourarie, socia del Bell Law Group. Mpela, por su parte, insiste en que solo debe 53.000 dólares y atribuye los retrasos a demoras en una subvención del estado de Nueva York. Los abogados de los demandantes calificaron esa explicación de «mentira descarada», argumentando que esa subvención no podría haberse destinado a salarios. En un correo electrónico al Post, Mpela reconoció que «el error fue contratar al equipo de 2026 sin obtener confirmación de uno de los posibles patrocinadores fiscales».
Registros municipales muestran que Nalane Green Solutions recibió un contrato de 25.000 dólares a través del Departamento de Educación de la ciudad el año pasado, pero solo había gastado 1.700 dólares hasta julio de este año. El Departamento de Educación no respondió a las preguntas del Post.
CUNY, que no es acusada de irregularidades en la demanda, investigó las denuncias y tomó una medida concreta: prohibió a Nalane acceder a sus sistemas de reclutamiento. «No podemos apoyar el comportamiento inético e ilegal de este empleador», escribió Katie Nailler, directora de empleo, en un correo electrónico incorporado al expediente judicial. Aun así, según los documentos del caso, después de que los estudiantes perjudicados en el primer ciclo presentaran su demanda en abril, Mpela procedió a reclutar una nueva tanda de jóvenes, esta vez en Howard University.
Para Hemisferio, el caso Mpela ilustra algo más amplio que un fraude laboral individual. El ecosistema de la «economía verde» —con sus subvenciones públicas, su retórica de impacto social y sus estructuras de rendición de cuentas laxas— ofrece una cobertura ideal para quienes saben explotar la buena fe de jóvenes talentosos dispuestos a sacrificar salarios de mercado por una causa. El dinero de los contribuyentes fluyó hacia Nalane; la supervisión, no.
Lo que estos estudiantes perdieron no fue solo dinero. Perdieron oportunidades reales —empleos en empresas como Collins Aerospace— por creer en un relato que el aparato burocrático municipal y universitario validó sin la debida diligencia. «Esto termina ahora», dijo Marcial. Ojalá la frase alcance también a quienes abrieron las puertas.
