La escena lo dice todo. En el Centro de Innovación de la Universidad Católica, cuatro expertos miraban las mismas cifras y llegaban a la misma conclusión incómoda: Chile tiene un problema de envejecimiento que nadie quiere llamar por su nombre.
El seminario «El activo que ignoramos: cómo el envejecimiento redefine talento, mercados y estrategia», organizado por Conecta Mayor con la participación de representantes de ILC, Corfo y la academia, expuso datos que deberían alarmar a cualquier planificador serio. Solo el 40% de los trabajadores chilenos de entre 55 y 60 años cotiza mensualmente en el sistema previsional, diez puntos por debajo del promedio de la OCDE. La informalidad laboral en ese tramo etario bordea el 50%. Dos números que, juntos, describen una bomba de tiempo fiscal.
Pablo González, gerente general de ILC, recordó que la esperanza de vida al nacer en Chile era de 33 años en 1925 y hoy alcanza los 82 u 83 años, un alza de 2,5 veces en un siglo. Lo que en Europa tomó 120 años ocurrió en Chile en apenas 30 o 40. La velocidad del cambio es el problema central: las instituciones —previsional, sanitaria, laboral— fueron diseñadas para otra demografía y no han corrido al mismo ritmo.
El diagnóstico sobre salud fue directo. González sostuvo que el sistema chileno «está orientado a sanar, no a prevenir», con protocolos de exámenes preventivos desactualizados. La consecuencia práctica es que el gasto público en salud se concentra en la etapa terminal del deterioro, no en extender los años de vida saludable y productiva. Un modelo que, desde la perspectiva del contribuyente, es el más caro de todos los posibles.
En el frente laboral, el 1 de junio se promulgó una nueva ley de integración de las personas mayores que crea un contrato especial y flexible para este segmento. González, sin embargo, advirtió que aún falta una política nacional de envejecimiento y los reglamentos específicos que le den cuerpo a la norma. Una ley sin reglamento es, en la práctica, una intención.
Desde Corfo, la gerenta de emprendimiento dinámico, Maricho Gálvez, aportó un dato que rompe el relato del trabajador mayor como carga: la edad promedio de los emprendedores que apoya la institución subió de 35 a más de 40 años, y ya hay personas de más de 70 vinculadas a proyectos de inteligencia artificial. El mercado, cuando no se lo impide el edadismo institucional, encuentra sus propios caminos.
La barrera de fondo, coincidieron los cuatro panelistas, es cultural. El sociólogo Eduardo Valenzuela, de la Universidad Católica, definió el edadismo como la asociación automática entre vejez y dependencia, y llamó a reorganizar la distribución social del tiempo —hoy estructurada en tres etapas rígidas: estudiar, trabajar, retirarse— para revalorizar la experiencia frente al cambio tecnológico.
Sofía Rivas, directora ejecutiva de Conecta Mayor y moderadora del encuentro, citó cifras según las cuales uno de cada tres chilenos reconoce discriminar por edad, mientras uno de cada dos personas mayores dice haber sido discriminada por esa razón. Rivas afirmó que esto convierte al edadismo en una de las principales formas de discriminación del país, pese a que rara vez se identifica como tal. Gálvez añadió que buena parte de la innovación pendiente no depende de nueva tecnología, sino de rediseñar productos y servicios para una población «cada vez más activa».
González anunció que ILC realizará un nuevo seminario sobre longevidad el 6 de octubre, con un invitado internacional, como parte de los esfuerzos por instalar el tema en la agenda pública y privada.
Los detalles cuentan la historia. Chile tiene ante sí una población que vive más, trabaja más y emprende más que lo que sus propias instituciones reconocen. El costo de ignorarlo no lo pagan los panelistas de un seminario: lo pagan los contribuyentes que financian un sistema previsional con brechas de diez puntos respecto a la OCDE y un aparato de salud que espera a que la gente enferme para actuar. La pregunta que el seminario dejó sin responder —y que el Estado chileno tampoco ha respondido— es quién paga la factura cuando la bomba demográfica finalmente explote. La respuesta, como siempre, está en el presupuesto.
