La escena lo dice todo. En las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, donde el agro representa más del 13% del empleo regional, los campos operan con una fuerza laboral que en casi la mitad de los casos trabaja sin los respaldos formales que el resto de la economía da por sentados. Los detalles cuentan la historia.
Al trimestre abril-junio de 2026, la rama agropecuario-silvícola-pesquera empleaba a 290.063 trabajadores formales y a 213.961 informales, según datos procesados por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP). La tasa de informalidad del sector llegó a 42,5%, la tercera más alta del país, muy por encima del promedio nacional de 27%.
El ingreso promedio mensual en el sector es de 630.701 pesos, la tercera cifra más baja entre todas las ramas de actividad económica. El promedio nacional se ubica en 962.945 pesos. La brecha no es menor: los trabajadores del campo ganan, en promedio, cerca de un tercio menos que el resto de la fuerza laboral chilena.
«Esta rama enfrenta desafíos relevantes en materia laboral», señaló Juan Bravo, director del OCEC-UDP. Entre los factores que explican los bajos ingresos, el economista apunta a la baja prevalencia de educación superior completa y a la elevada informalidad. Solo el 14,4% de los ocupados en el sector tiene educación superior completa, frente al 42,7% que registra el empleo total en el país.
Contratos que no llegan
De los 345.785 ocupados que declararon trabajar bajo subordinación en el sector al mismo trimestre, 82.126 no tenían contrato escrito de ningún tipo. Otros 76.914 contaban con contrato a plazo definido. Solo 184.833 tenían contrato indefinido. En términos relativos, apenas el 53,8% de quienes trabajan bajo subordinación en el agro cuenta con un contrato escrito a plazo indefinido, el indicador más básico de estabilidad laboral. Solo la construcción y el servicio doméstico registran porcentajes menores.
Este cuadro convive con una paradoja que la industria lleva años señalando: la falta de trabajadores locales dispuestos a desempeñarse en el campo. Ante ese déficit, la solución migratoria se ha consolidado como una herramienta de contingencia. En el primer semestre del año, las visas laborales otorgadas sumaron 121.977, un 11,1% más que en el mismo período del año anterior. El 70% correspondió a ciudadanos bolivianos: 84.717 visas en total.
Sin embargo, Bravo advierte que el número de visas no equivale al número de ocupados bolivianos en el sector. «Los que obtienen la visa no necesariamente se desempeñan en el sector agropecuario, pueden hacerlo en el comercio, restaurantes, y hay personas que pueden haber conseguido un empleo y luego haber dejado de estar ocupadas», explicó. Al trimestre analizado, el 93,1% de los ocupados en la rama era de nacionalidad chilena, el 3% boliviana y el 3,9% restante de otras nacionalidades. El porcentaje de extranjeros en el sector, 6,9%, es inferior al 10,8% que registra la economía en su conjunto.
Un sector que se achica
En perspectiva histórica, el peso del agro en el empleo total ha caído de forma sostenida. En el trimestre abril-junio de 2013, la rama representaba el 8% del empleo total. Para el mismo trimestre de 2026, esa participación había bajado a 5,4%. La tendencia refleja la transformación estructural de la economía chilena, pero también plantea preguntas sobre la viabilidad de largo plazo de un sector que sigue siendo crítico para las exportaciones y la seguridad alimentaria.
Geográficamente, el peso del agro se concentra en la zona centro-sur: mientras en la Región Metropolitana y Tarapacá representa apenas el 1,6% del empleo regional, en O'Higgins alcanza el 14,4%, en Maule el 13,7% y en Ñuble el 13,6%.
La lectura de Hemisferio
Lo que revelan estas cifras no es solo un problema laboral: es el retrato de un mercado distorsionado por la informalidad y la ausencia de incentivos claros. Cuando casi la mitad de los trabajadores de un sector opera sin contrato indefinido y gana un tercio menos que el promedio, la señal para el trabajador local es inequívoca: el campo no compite. El resultado es la dependencia de mano de obra migrante para sostener una producción que, de otro modo, se detendría.
La solución no pasa por más burocracia ni por regulaciones que eleven el costo de contratar formalmente, sino exactamente por lo contrario: reducir las cargas que hacen de la formalización un lujo para el empleador agrícola y un riesgo para el trabajador temporal. Mientras el aparato regulatorio siga siendo más pesado que los beneficios de cumplirlo, el 42,5% de informalidad no será una anomalía, sino el equilibrio natural del sector.
