La escena lo dice todo. El 23 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella publicó en X una instrucción directa a la ministra de Transporte, Elsa Noguera: revisar «a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional». La respuesta llegó en minutos. «Así se hará de inmediato, señor presidente», escribió Noguera en la misma red social.
Lo que siguió fue el anuncio formal del Ministerio de Transporte: una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones de tránsito que operan en Colombia. El alcance cubre todo el territorio nacional y se adelantará en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), la Superintendencia de Transporte y las demás autoridades competentes.
La cartera precisó que el proceso verificará si cada sistema cuenta con los soportes técnicos y legales requeridos. También examinará aspectos concretos de cada corredor: siniestralidad, límites de velocidad, señalización y condiciones particulares de la vía. La pregunta de fondo es si esas cámaras fueron instaladas para salvar vidas o para generar ingresos.
«La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos», afirmó Noguera. «Donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde».
De la Espriella fue más directo aún. Señaló que esos mecanismos no pueden convertirse en «una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo» y reclamó actuar con firmeza donde existan irregularidades o sistemas diseñados con fines meramente recaudatorios. «No podemos permitir más atropellos contra los colombianos. El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él», escribió el mandatario.
La revisión no se limita a los sistemas ya instalados. El Ministerio también examinará la regulación nacional para fijar criterios más exigentes en futuras autorizaciones, de modo que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial. Una vez avance el proceso, se definirán las acciones correspondientes frente a los hallazgos.
El Gobierno añadió que priorizará soluciones integrales: ingeniería vial, señalización, pedagogía y control. «La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente», subrayó Noguera. «La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico».
Los detalles cuentan la historia. La instrucción presidencial llegó por red social, la ministra respondió en público y el Ministerio formalizó el anuncio el mismo día. La velocidad del ciclo no es un detalle menor: señala que la presión ciudadana sobre las fotomultas había acumulado suficiente masa crítica como para convertirse en agenda de gobierno en cuestión de horas.
Para Hemisferio, el episodio ilustra un principio que con frecuencia se pierde en el debate sobre regulación: la diferencia entre una norma que protege y una norma que extrae. Cuando el aparato estatal instala cámaras sin sustento técnico demostrado y las convierte en fuente de recaudo, no está ejerciendo autoridad legítima; está imponiendo un costo arbitrario al ciudadano que trabaja y conduce. La revisión ordenada por De la Espriella apunta exactamente a ese punto ciego. El resultado dependerá de lo que los auditores encuentren y, sobre todo, de si las acciones que sigan a los hallazgos tienen la misma contundencia que las palabras del 23 de agosto.
