La escena lo dice todo. El 24 de agosto de 2026, dos semanas después del terremoto de magnitud 7.4 que el 10 de agosto sacudió a Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella pisó por tercera vez Quibdó, capital del Chocó, para pronunciar una frase que sus colaboradores ya habían ensayado: «Hoy empieza la reconstrucción de la patria desde Quibdó».
El balance que acompañó el anuncio es de proporciones mayores. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo afectó dieciséis departamentos y 494 municipios, con 159.924 familias y 324.157 personas damnificadas. Solo en el Chocó —donde se ubicó el epicentro— se contabilizaron doce fallecidos, tres desaparecidos, 3.521 viviendas destruidas y 19.412 más averiadas. En todo el país, más de 150 mil viviendas presentan daños y casi seiscientos edificios colapsaron.
Los detalles cuentan la historia. El Gobierno anunció la entrega de las primeras 4.480 toneladas de materiales para reparar viviendas averiadas y puso en marcha una estrategia de autorreparación y autorreconstrucción asistidas, con acompañamiento de ingenieros y otros profesionales. A partir del 26 de agosto, las familias cuyo hogar quedó destruido o inhabitable comenzarán a recibir 875.452 pesos mensuales —unos 285 dólares— durante tres meses, para un total de 2,6 millones de pesos, cerca de 855 dólares por hogar, según cifras del propio Ejecutivo.
El sector privado también tomó posición en el acto. El conglomerado Grupo Argos anunció inicialmente trescientas casas de rápida construcción; durante la misma ceremonia amplió el compromiso hasta mil viviendas, de las cuales seiscientas pueden destinarse al Chocó, según explicó De la Espriella.
El instrumento central de la reconstrucción es el denominado Fondo Milagro, cuya gerencia quedó en manos del empresario Jaime Uribe. El fondo coordinará recursos públicos y privados, empresas constructoras, proveedores, ingenieros, arquitectos, autoridades locales y comunidades. El Gobierno calcula en cerca de treinta billones de pesos —unos 9.500 millones de dólares— el costo total de la reconstrucción.
El modelo tiene un antecedente deliberado: el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado tras el terremoto de 1999 en Armenia, que provocó 1.185 muertos y que, según la fuente, está considerado a grandes rasgos como un ejemplo positivo. De la Espriella lo citó como referencia y aseguró que la reconstrucción avanzará «con rapidez, pero bajo criterios de transparencia y control». Advirtió, además, que no permitirá que la emergencia sea utilizada con fines de clientelismo.
El mandatario reconoció que el Chocó ha sufrido durante décadas un «abandono histórico» y prometió que esta vez la reconstrucción no se convertirá en otra promesa incumplida. «No vamos simplemente a reemplazar lo que se perdió. Vamos a reconstruir mejor lo que había, con mayor seguridad, infraestructura más resistente y más posibilidades de trabajo», afirmó.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La arquitectura del Fondo Milagro —gestión privada, recursos mixtos, control técnico independiente— es exactamente el tipo de mecanismo que evita que el dinero de los contribuyentes se diluya en el aparato estatal sin dejar obra visible. La decisión de nombrar a un empresario en la gerencia, en lugar de un funcionario de carrera, y de tomar como modelo el Forec —una experiencia de coordinación público-privada— apunta en la dirección correcta: menos burocracia, más ejecución.
El riesgo, sin embargo, es conocido. Treinta billones de pesos moviéndose a través de 494 municipios, en un país con historial de corrupción en contratación pública, es una tentación enorme. La promesa de transparencia de De la Espriella vale lo que valga el sistema de control que la respalde. Si el Fondo Milagro logra replicar lo mejor del Forec —y evitar sus sombras— Colombia tendrá no solo una región reconstruida, sino un modelo exportable de gestión de desastres. Esa es la apuesta. El desenlace lo escribirán los próximos meses.
