La escena lo dice todo. Un proyecto concebido para llevar internet a las comunidades más aisladas de la Amazonía colombiana terminó cancelado no por falta de voluntad política, sino por los números: en cuestión de meses, su costo había crecido 67,1 % y las garantías de ejecución eran, según el diagnóstico oficial, insuficientes.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) revocó formalmente la licitación FTIC-LP-001-2026, que buscaba tender una red de cable de fibra óptica en el departamento del Putumayo. El valor estimado del proceso —que incluía tanto la construcción de la obra como su interventoría— había llegado a 1,14 billones de pesos.
El punto de partida era otro. Cuando la iniciativa fue aprobada en el documento CONPES 4167 de 2025, el costo inicial se estimó en 683.000 millones de pesos. Un nuevo ajuste, formalizado en el CONPES 4195 ya en 2026, disparó la cifra hasta superar el billón largo, con vigencias futuras avaladas apenas el pasado 4 de agosto. Ese salto encendió las alarmas en el despacho ministerial.
La ministra Alexandra Falla, recién llegada al cargo, ordenó conformar un equipo de expertos jurídicos, financieros y técnicos para revisar en profundidad el proceso. El diagnóstico fue determinante: el equipo identificó serias incertidumbres financieras, estimaciones que calificó de preliminares y un conjunto de posibles trabas técnicas y ambientales asociadas al terreno. A eso se sumaron dudas sobre la capacidad real del proyecto para garantizar cobertura de internet efectiva en el territorio.
La conclusión del ministerio fue directa: la importancia de conectar regiones apartadas de la Amazonía no era justificación suficiente para avanzar con un proyecto propenso a fallas durante su ejecución o incapaz de entregar los resultados prometidos. El Gobierno prefirió desistir formalmente antes de comprometer recursos públicos masivos en una obra con alta probabilidad de convertirse en un problema operativo y presupuestal.
La decisión se produjo, además, en un momento de alta exigencia para la cartera. La revisión de la licitación se adelantó de manera paralela a las labores de emergencia que el MinTIC debió coordinar para restablecer las comunicaciones en las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto, evento que reconfiguró las prioridades inmediatas del ministerio.
Con la cancelación definitiva de la licitación FTIC-LP-001-2026, el Gobierno deja sin efecto el millonario proceso bajo la premisa, según comunicó la cartera, de exigir mayor rigor técnico y financiero en las grandes inversiones del Estado.
Los detalles cuentan la historia. Un presupuesto que crece 67,1 % en meses no es un ajuste técnico menor: es una señal de que las bases del proyecto eran frágiles desde el origen. Que la ministra Falla haya optado por detener el proceso en lugar de heredar el riesgo habla de una lógica de administración del gasto público que merece reconocimiento, independientemente del color del gobierno que la aplique. El dinero de los contribuyentes colombianos no puede ser la red de seguridad de proyectos mal estructurados, por más noble que sea el objetivo declarado.
El episodio deja, sin embargo, una pregunta abierta: ¿cómo llegó el aparato estatal a aprobar en CONPES un proyecto cuyo costo se disparó así de rápido? La Amazonía sigue sin la fibra óptica prometida, y la respuesta a esa pregunta determinará si la cancelación fue el final del problema o apenas el principio de una rendición de cuentas más amplia.
