La escena lo dice todo. El lunes 24 de agosto, el pleno de la Corte Suprema de Chile fijó fecha: a partir del 2 de septiembre comenzarán las audiencias para revisar más de 60 cuadernos de remoción abiertos contra jueces que viajaron al extranjero mientras gozaban de licencia médica. Una falta a la probidad, según el alto tribunal. Una amenaza al Estado de Derecho, según quienes deben responder por ella.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, encabezada por la jueza Mariela Hernández, no tardó en reaccionar. Su postura, reiterada desde el inicio del proceso, es que lo que se ventila en esas audiencias va mucho más allá de las conductas individuales de cada colega involucrado.
«Lo que está en juego son principios esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho: la independencia judicial, la inamovilidad, el debido proceso y la certeza jurídica», declaró Hernández al ser consultada por La Tercera.
El argumento central del gremio es procesal: varios de los casos que ahora se revisan mediante cuadernos de remoción ya fueron objeto de sumarios administrativos concluidos con decisiones firmes. Reabrir esos expedientes por una vía distinta —la remoción— equivaldría, a juicio de la Asociación, a juzgar dos veces el mismo hecho.
«La independencia judicial también exige que las juezas y jueces puedan ejercer su función con la certeza de que las decisiones adoptadas respecto de su responsabilidad disciplinaria no serán indefinidamente reabiertas», subrayó Hernández.
La dirigente fue cuidadosa en deslindar la posición institucional de cualquier lectura como respaldo a las irregularidades. La Asociación, aclaró, no avala conducta indebida alguna; lo que defiende es que el procedimiento se ajuste a las garantías del debido proceso, sin importar quién sea el imputado.
Pero la defensa no se quedará solo en palabras. El gremio contrató un pool de abogados para representar a los magistrados afectados en instancias laborales, ante el Tribunal Constitucional y, eventualmente, ante organismos internacionales. Una estrategia de múltiples frentes que revela la magnitud que la propia Asociación le asigna al conflicto.
El mensaje final de Hernández fue directo hacia la Corte Suprema: confían en que el pleno «pondere las consecuencias institucionales que una decisión de esta naturaleza puede tener para todo el Poder Judicial, y en especial para el Estado de Derecho».
Los detalles cuentan la historia. Más de 60 cuadernos abiertos no es un ajuste de cuentas menor: es el mayor proceso disciplinario colectivo que enfrenta la judicatura chilena en memoria reciente. La pregunta que flota sobre las salas del Palacio de los Tribunales es si la Corte Suprema tiene la voluntad institucional de sostener hasta el final una depuración de esta escala, o si la presión corporativa del gremio —con su arsenal jurídico desplegado hasta Ginebra si hace falta— terminará diluyendo el proceso.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el principio en juego es nítido: la inamovilidad y el debido proceso son pilares del Estado de Derecho, no escudos para blindar a funcionarios públicos de sus propias faltas. Un juez que viaja al exterior con licencia médica no comete un error burocrático; abusa de un sistema financiado por los contribuyentes y erosiona la confianza ciudadana en la institución que debe impartir justicia. Que el gremio invoque garantías procesales es legítimo; que lo haga mientras alista recursos ante organismos internacionales para frenar una investigación interna revela, sobre todo, el peso del corporativismo judicial. La Corte Suprema tiene ante sí una oportunidad para demostrar que ningún poder del Estado está por encima de la rendición de cuentas.
