La escena lo dice todo. El 19 de agosto de 2026, con menos de un mes en el cargo, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1261 declarando el Estado de Emergencia Económica. En la cuenta pública destinada al manejo de desastres había 47.266 millones de pesos. La factura estimada de reconstrucción: 30 billones. La brecha entre ambas cifras define el desafío más inmediato de su gobierno.
El terremoto de magnitud 7,4 —originado en la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y Caribe, en el Cinturón de Fuego del Pacífico— golpeó los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y parte de Antioquia. Con corte al 22 de agosto, el balance físico era de 176.890 viviendas averiadas, 33.374 destruidas, 5.755 edificios averiados y 553 edificios colapsados. Son números que convierten la emergencia en un problema de reconstrucción nacional, no de gestión local.
El Gobierno no cuenta ni con la mitad de los recursos necesarios. Frente a esa realidad, la Declaratoria de Emergencia Económica abre un menú de instrumentos extraordinarios: fondos especiales, uso de activos administrados por el Estado, posibles medidas tributarias y mecanismos de colaboración con empresas públicas y privadas. La palabra «posibles» frente a los impuestos no es casual: el Ejecutivo ha señalado que espera no tener que recurrir a esa vía, aunque la reconstrucción podría extenderse entre tres y cuatro años, prácticamente todo el mandato.
El dinero que ya llegó
Mientras el aparato estatal calibra sus opciones, el sector privado y la comunidad internacional se movieron con rapidez. Jaime Gilinski, presidente de Nutresa, y su esposa Raquel Kardonski destinaron 150.000 millones de pesos. Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa Fanny Gutiérrez de Sarmiento aportaron 200.000 millones. Países de la región sumaron más de 3.800 millones en donaciones.
Los organismos multilaterales también respondieron: el Banco Interamericano de Desarrollo anunció un aporte no reembolsable de US$500.000 y la CAF destinó otros US$500.000 en calidad de donación. El Gobierno, por su parte, accedió a un crédito de US$450 millones del Banco Mundial para atender la emergencia y financiar la reconstrucción. Ese crédito, como toda deuda, deberá pagarse.
Sumados todos estos recursos, la distancia con los 30 billones requeridos sigue siendo enorme. La prioridad declarada es que las donaciones y los créditos se coordinen para evitar inversiones desconectadas de las necesidades reales de los territorios afectados.
El antecedente del 99
Para entender el presente hay que volver a esa semana de enero de 1999, cuando el terremoto de Armenia y el Eje Cafetero dejó más de mil personas muertas y alrededor de 8.536 heridas, según el Servicio Geológico Colombiano y cifras del DANE. En aquella ocasión, los recursos provinieron en su gran mayoría del Presupuesto Nacional y de organismos multilaterales. El modelo se repite; la escala, esta vez, es mayor.
La diferencia es que De la Espriella llega al poder sin haber diseñado este escenario y con una caja de emergencias que representa una fracción mínima de la necesidad. La reconstrucción será, en la práctica, el eje presupuestal de su gobierno durante los próximos años.
Lo que está en juego
Desde la perspectiva de Hemisferio, la magnitud del desastre pone a prueba dos principios que suelen colisionar en emergencias de esta escala: la velocidad del gasto público y la disciplina fiscal. El crédito con el Banco Mundial es deuda soberana que pagarán los contribuyentes colombianos; las donaciones privadas —encabezadas por empresarios que respondieron antes que el Estado— demuestran que la libre empresa puede movilizarse con una agilidad que el aparato burocrático difícilmente iguala.
El riesgo real no es solo financiero. Si la reconstrucción se convierte en un vehículo para ampliar el gasto estructural del Estado o para introducir nuevas cargas tributarias permanentes bajo el paraguas de la emergencia, Colombia saldrá del terremoto con una economía más débil de la que tenía antes. De la Espriella tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que reconstruir no significa estatizar, y que el dinero de los contribuyentes puede ejecutarse con la misma eficiencia que exige a quienes lo generan.
