La escena lo dice todo. Un equipo de funcionarios pasó semanas revisando contratos, cifras y adjudicaciones del gobierno saliente. El resultado es un documento que, según fuentes de alto nivel de la administración De La Espriella consultadas por Semana, se conoce internamente como el «libro blanco»: un consolidado de hallazgos de presunta corrupción que el presidente Abelardo De La Espriella prometió en campaña y que ahora, según la misma fuente, entregará a la Fiscalía General de la Nación un martes 18 de agosto —fecha referida así por la publicación, sin precisar el año—.
El volumen de lo documentado no es menor. El equipo del empalme anticorrupción identificó «una nueva batería de denuncias por presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas relacionadas con recursos superiores a 370.000 millones de pesos», de acuerdo con el consolidado que el propio equipo presidencial ha hecho público por partes en días recientes.
Uno de los casos más detallados en los documentos preliminares involucra al Ministerio de Defensa y a Codaltec. Se trata de un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones. El análisis técnico del equipo de De La Espriella advierte «posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a 20.700 millones de pesos y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional», según el documento difundido por la administración.
Los detalles cuentan la historia. No se trata solo de cifras abstractas: el Ejército habría recibido equipos que, según ese análisis, no funcionaban como se contrató. Dinero de los contribuyentes comprometido en sistemas que, al momento de la entrega, presentaban fallas operativas críticas.
Otro frente señalado apunta a Ecopetrol. Específicamente a Cenit, filial de la petrolera estatal, donde se habría adjudicado un contrato de asesoría jurídica a una firma llamada GESYCOBRO SAS «superando el valor de la oferta inicial de 21.108 millones de pesos y adjudicado por encima de varias reconocidas firmas de asesoría en la industria petrolera y sector de hidrocarburos, sin idoneidad y al parecer con relaciones políticas entre los miembros de la firma», según los hallazgos del equipo presidencial. La situación ya habría sido puesta en conocimiento de la Fiscalía con anterioridad a la entrega formal del libro blanco.
El tercer eje documentado involucra a la Agencia Nacional de Tierras. Los primeros hallazgos del equipo de De La Espriella señalan «la presunta comisión de delitos contra la administración pública» por parte de Juan Felipe Harman, exdirector de la entidad, en relación con la adjudicación y titulación de tierras al amparo del Decreto 151 del 8 de febrero de 2024. La denuncia, según los documentos, se extiende a «cualquier otra persona indeterminada que haya participado en el presunto iter criminis».
Para entender el presente hay que volver a esa semana de empalme. Lo que el equipo de De La Espriella encontró —o dice haber encontrado— no son irregularidades aisladas: son tres frentes distintos del aparato estatal donde los recursos públicos habrían circulado sin los controles mínimos que exige la ley. Contratos sin estudios previos, adjudicaciones que saltaron a firmas sin idoneidad acreditada, equipos militares entregados sin funcionar. El patrón, si los hechos se confirman en sede judicial, describe una burocracia que operó como mecanismo de transferencia de riqueza pública hacia privados con conexiones políticas.
Hemisferio seguirá la respuesta de la Fiscalía. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de funcionarios individuales: es la pregunta de si Colombia tiene instituciones con músculo suficiente para procesar un expediente de esta magnitud sin que la trastienda política lo archive antes de que llegue a juicio.
