La escena lo dice todo. El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo se plantaron ante los organismos de control con un documento de más de 130 páginas y un título sin ambigüedades: El libro de la verdad. Adentro, 82 denuncias de presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Afuera, la reacción del petrismo no se hizo esperar.
El senador Iván Cepeda fue el primero en tomar la palabra. Calificó el documento de «mentira» y aseguró que las acusaciones sobre la reforma agraria son falsas. Según Cepeda, el verdadero objetivo de De la Espriella es «lograr la restitución de tierras no al campesinado, sino a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares». Afirmó además que De la Espriella y «su círculo» buscan impulsar una contrarreforma agraria y los calificó de «enemigos de la reforma agraria». Son señalamientos de Cepeda, no hallazgos del documento.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, optó por una crítica más técnica. Tras leer las 135 páginas, sostuvo que el libro está dividido en dos capítulos distintos: 59 casos de «balance sectorial» —que describió como supuestos problemas de gestión— y solo 23 casos del Equipo Élite Anticorrupción que corresponderían propiamente a presunta corrupción. «Sumar ambos da los 82, pero mezclarlos infla la narrativa», escribió Quintero, quien agregó que buena parte de los cuestionamientos se apoya en auditorías de la Contraloría ya existentes y no en hallazgos nuevos del empalme.
Restrepo no cedió terreno. Advirtió que lo presentado «es apenas el inicio» y reveló una nueva actuación: instruyó al Equipo Élite Anticorrupción para denunciar ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el Contrato Interadministrativo n.° 390 de 2026, suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República —Dapre— y RTVC. El valor del contrato fue fijado hasta en 1.500 millones de pesos y su ejecución estaba prevista hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar los recursos.
El objeto del contrato contemplaba servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales para las actividades institucionales de la Vicepresidencia. Germán Calderón España, líder del Equipo Élite Anticorrupción, formalizó la denuncia y pidió que se investigue si era jurídicamente procedente acudir a contratación directa, dado que desde la estructuración se preveía que parte de los servicios serían prestados por terceros y medios externos. Las facturas, según Calderón, evidenciarían pagos por pauta, difusión, monitoreo y otros servicios contratados con terceros, además del cobro de fees por parte de RTVC.
Los detalles cuentan la historia. Restrepo puso el foco en el ritmo de ejecución: en apenas 45 días se habrían gastado cerca de 710 millones de pesos de los 1.500 millones contemplados. «Son aproximadamente 15,8 millones diarios de recursos públicos», señaló al referirse a gastos de pauta, televisión, monitoreo, fotografía y otros servicios de comunicación.
La fiscal general Luz Adriana Camargo recibió el paquete de denuncias y respondió con cautela institucional. Indicó que toda la información será evaluada con criterios técnicos y jurídicos, respetando los principios de objetividad e independencia que establece la Constitución. «En un Estado de derecho, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas debe canalizarse institucionalmente para su análisis», declaró Camargo. Serán los fiscales especializados quienes confronten los elementos entregados con las pruebas que corresponda reunir.
Restrepo cerró con una advertencia que suena a programa: «La verdad no se negocia y cada peso de los colombianos es sagrado».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el gobierno De la Espriella puso sobre la mesa no es solo un inventario de presuntas irregularidades: es la apertura formal de un proceso de rendición de cuentas sobre el manejo del aparato estatal durante la administración anterior. Que 710 millones de pesos del erario se hayan ejecutado en 45 días a través de un contrato de comunicaciones institucionales —con terceros y fees de por medio— es exactamente el tipo de gasto que los contribuyentes tienen derecho a ver auditado con lupa. La reacción del petrismo, más política que jurídica, confirma que el terreno de disputa se ha desplazado: ya no es la agenda legislativa, sino el legado y la responsabilidad penal. La Fiscalía tiene ahora la palabra, y su respuesta determinará si Colombia cuenta con las instituciones capaces de sostener ese principio elemental: que el dinero público no es botín de ningún gobierno.
