La escena lo dice todo. A pocos días de entregar el poder, el gobierno de Gustavo Petro dejó una caja en pesos de apenas $16 billones al 31 de mayo de 2026, frente a un rango histórico de entre $30 y $40 billones, con proyección de $7,1 billones al cierre del año. Ese solo dato resume lo que el llamado Libro de la Verdad —el documento de empalme elaborado por el nuevo gobierno— desarrolla en centenares de páginas de hallazgos, alertas y cifras remitidas a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
El documento no es una sentencia judicial. Sus autores lo dejan claro: documentaron situaciones encontradas durante el empalme y trasladaron la información para que los organismos de control determinen responsabilidades. Esa distinción importa. Pero la responsabilidad política por el manejo del Estado es otra conversación, y esa sí puede darse desde ahora.
La caja rota
El déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,4 % del PIB en 2025, lo que obligó a activar la cláusula de escape de la regla fiscal. La auditoría de la Contraloría encontró que el límite de adjudicación por emisión de TES pasó del 50 % al 100 %, con tasas de colocación de entre 13 % y 15 %. El organismo advirtió un posible detrimento patrimonial y remitió el caso a la Procuraduría. En términos llanos: el aparato estatal gastó muy por encima de lo que le entraba y financió ese exceso con deuda cada vez más cara.
La UNGRD: el foco más grande
Entre 2022 y 2026, el sector Presidencia recibió apropiaciones por $18,49 billones. De ese total, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres concentró cerca de $15,3 billones, el 82,8 %. Sin embargo, según el informe, la UNGRD ejecutó apenas el 4,3 % de su apropiación durante el cuatrienio. El documento registra además $856.289 millones girados anticipadamente, $240.766 millones pendientes de reintegro de convenios vencidos y otros $282.990 millones destinados a obras de reducción del riesgo cuya trazabilidad debía precisarse. Mucha plata concentrada, muy pocos resultados, cientos de miles de millones que todavía exigen explicaciones.
El medio ambiente: la gran incoherencia
El gobierno que convirtió la defensa ambiental en bandera de identidad dejó el Ministerio de Ambiente con una contratación que pasó de 142 contratos por $2.121 millones en 2022 a 1.199 contratos por $83.583 millones en 2025: 744 % más contratos y casi 39 veces más dinero en tres años. Al mismo tiempo, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con apropiaciones por $1,8 billones, ejecutó en promedio apenas el 16,5 % anual entre 2023 y 2025. El libro revela además que durante 2025 se comprometieron $474.129 millones de regalías en 25 proyectos ambientales sin respetar sistemáticamente el orden de calificación: proyectos mejor evaluados quedaron sin recursos mientras otros con menor puntaje fueron financiados. Entre estos últimos figuran $43.435 millones comprometidos en proyectos cuyo ejecutor, AREMCA, tenía, según el documento, una investigación penal activa.
Salud: dos billones sin estudios
El 29 de diciembre de 2025, a tres días de cerrar la vigencia presupuestal, el Ministerio de Salud asignó más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria sin estudios de conveniencia y necesidad, sin diseños definitivos ni presupuestos de obra. El propio Ministerio dio plazo hasta junio de 2026 para completar esos requisitos. Llegada la fecha, solo 28 proyectos —por unos $834.000 millones— habían presentado documentación completa. Más de $1,3 billones quedaron comprometidos sin garantía de ejecución.
Air-e: patrimonio en negativo
La empresa que presta el servicio eléctrico a más de 1,3 millones de familias —unas 5,9 millones de personas en Atlántico, Magdalena y La Guajira— pasó de un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a uno negativo de $377.662 millones en 2025, con pérdidas acumuladas por $2,59 billones. El informe registra $2,69 billones en deterioros contables sin soporte suficiente y dos auditorías financieras que se abstuvieron de emitir opinión por falta de evidencia. La Fiscalía investiga $250.000 millones en giros a terceros por deudas anteriores a la intervención estatal, una denuncia por presunta falsificación contable y un pago de $148.530 millones bajo cuestionamiento.
Para entender el presente hay que volver a esa promesa inaugural: cuidar la plata pública, combatir la corrupción, gobernar para los olvidados. El Libro de la Verdad no es una sentencia, pero sí es un inventario. Y ese inventario muestra un Estado con la caja rota, una deuda más cara, contratos sin soporte y fondos concentrados en unidades que ejecutaron una fracción mínima de lo asignado.
Lo que está en juego no es solo la aritmética fiscal —aunque los números son devastadores para cualquier gobierno que venga—. Es el principio elemental de que el dinero de los contribuyentes debe poder rastrearse, justificarse y convertirse en resultados. Cuando eso no ocurre, el daño no se limita a una administración: se hereda. Colombia recibirá ese legado con una caja debilitada, una deuda costosa y miles de millones en preguntas que los organismos de control deberán responder.
