La escena lo dice todo. El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo se presentaron este martes en la sede de la Fiscalía en Bogotá con un documento bajo el brazo y una lista de interlocutores de peso: la fiscal general Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach y el contralor saliente Carlos Rodríguez. Lo que entregaron lleva un nombre que no deja lugar a ambigüedades: el «Libro de la Verdad».
El informe reúne más de 80 casos de presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de entidades estatales que operaron bajo el gobierno de Gustavo Petro. Según explicó Restrepo, el documento fue elaborado a partir de los hallazgos del equipo de empalme del nuevo gobierno, aunque —dato que no es menor— el proceso formal de empalme entre ambas administraciones nunca se llevó a cabo.
Nueve patrones, un diagnóstico
El vicepresidente describió «nueve patrones de mal manejo en la política pública y en el manejo del Estado», entre ellos problemas en contratación, «colapso de la capacidad tecnológica» y «opacidad en la información». El inventario de casos concretos es extenso.
Uno de los capítulos más graves involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según De la Espriella, se giraron $856.000 millones sin que existiera una declaratoria de urgencia manifiesta, y se perdió el rastro de $1,38 billones. El informe agrega que de los $15,3 billones asignados a la entidad durante el cuatrienio, solo se habría ejecutado el 4,3% del presupuesto.
En materia de deuda pública, Restrepo cuestionó que el límite de adjudicación mediante títulos de Tesorería (TES) se hubiera elevado del 50% al 100%, con tasas de colocación de entre el 13% y el 15%. «Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos», afirmó el vicepresidente, advirtiendo que una mayor proporción del presupuesto nacional deberá destinarse al pago de deuda e intereses en los próximos años.
Contratos, predios y nóminas
Los detalles cuentan la historia. En el capítulo de reforma agraria, el informe señala que se desembolsaron $979.003 millones para adquirir 537 predios, pero solo tres habían sido titularizados a favor de la Nación. En la Cancillería, según el gobierno, se suscribieron 785 contratos por $83.000 millones antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, además de un gasto de $8.500 millones en sedes temporales con períodos de funcionamiento de entre 90 y 120 días.
El caso de Colombia Compra Eficiente también figura en el documento: un proceso por cerca de $300.000 millones para servicios de ciberseguridad que en el Secop II aparecía registrado con presupuesto de cero pesos. Y en el Fondo para la Igualdad y la Equidad, durante su proceso de liquidación se habrían pagado cerca de $140.000 millones a una misma empresa de servicios temporales, sin soporte suficiente para demostrar que el personal contratado cumpliera los objetivos del fondo. «La Contraloría calificó el riesgo como estado crítico», señaló Restrepo.
Quizás el dato más llamativo en términos de escala es el que presentó De la Espriella sobre el mercado laboral estatal: una «nómina paralela» compuesta por unas 900.000 órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior. El mandatario calificó esos contratos como «corbatas» y los describió como un pasivo para las finanzas públicas.
A ese cuadro se suma la situación del programa Colombia Mayor: según Restrepo, los recursos destinados a subsidios para adultos mayores en condición de vulnerabilidad se agotaron en julio de 2026, pese a haber sido asignados para cubrir todo el año, y sin que se dejaran mecanismos de contingencia.
La Procuraduría, por su parte, no llegó con las manos vacías. El procurador Eljach confirmó que el organismo ya tiene varias investigaciones en curso y fue directo: «se abrirán los procesos que se tengan que abrir». Aclaró que ambos gobiernos acordaron que sea la Procuraduría quien investigue y tome las decisiones.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el gobierno De la Espriella formalizó ante los organismos de control no es solo una lista de irregularidades administrativas: es la radiografía de cuatro años de aparato estatal operando con opacidad, contratos sin respaldo, deuda cara y programas sociales vaciados antes del cambio de mando.
El dinero de los contribuyentes colombianos está en el centro de cada uno de los 80 casos. La pregunta que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberán responder es si lo que el «Libro de la Verdad» describe como presuntas irregularidades tiene el peso jurídico suficiente para derivar en responsabilidades concretas. El nuevo gobierno apostó por la transparencia como primer acto político. El desenlace depende ahora de la independencia de las instituciones.
