La escena lo dice todo. Un documento de 135 páginas, bautizado El libro de la verdad, circula ahora entre fiscales y organismos de control en Colombia. Lo entregó el gobierno De La Espriella. Su objetivo: que las autoridades investiguen posibles irregularidades y casos de corrupción en la administración saliente de Gustavo Petro.
La revista SEMANA tuvo acceso al informe completo. Una parte sustancial de sus hallazgos apunta a la reforma agraria, la bandera más visible del petrismo durante cuatro años de gobierno.
El número que lo resume todo
A través del Fondo de Tierras, el gobierno Petro entregó 351.463 hectáreas. De ese total, solo 98.148 cuentan con registro pleno ante Instrumentos Públicos. Esa cifra, según el documento, constituye apenas el 7 % de la meta planteada por la administración saliente. El informe lo llama sin rodeos: una «operación de maquillaje estadístico».
Además, 206.273 hectáreas fueron entregadas de forma provisional. «Campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no tienen un título que los respalde legalmente», cita textualmente el documento. Los detalles cuentan la historia: la reforma agraria que prometió transformar el campo colombiano dejó a una porción significativa de sus beneficiarios en una zona gris legal, sin el instrumento jurídico que convierte la posesión en propiedad.
Casi un billón sin titularizar
El informe pone la lupa sobre un convenio marco firmado entre la Agencia Nacional de Tierras —dirigida por Juan Felipe Harman al cierre del gobierno Petro— y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El desembolso fue de casi un billón de pesos a cambio de 537 predios. De esos 537, solo tres han sido debidamente titularizados.
El Equipo Élite del gobierno De La Espriella presentó denuncia penal, promovió acción fiscal y preparó queja disciplinaria por este convenio. «La necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento sobre los procesos de adquisición de tierras financiados con recursos públicos cobra importancia gracias a este tipo de hallazgos», señala el informe.
Contratos bajo cuestionamiento
Otro hallazgo involucra un convenio por hasta 17.003 millones de pesos entre la ANT y Teveandina, empresa operadora de Canal Trece, para realizar eventos de la reforma agraria. Según el documento, todas las actividades logísticas habrían sido subcontratadas, mientras el canal conservaba un porcentaje por administración e intermediación. El informe advierte posibles sobrecostos, dudas sobre algunos registros fotográficos y vacíos en la trazabilidad de los pagos. El equipo anticorrupción interpuso una denuncia penal.
El sábado hábil
Un tercer frente del informe cuestiona que la Agencia de Desarrollo Rural declarara hábil el sábado 8 de agosto —apenas un día después del cambio de gobierno— para adelantar actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales. La decisión se produjo luego de que el Consejo de Estado suspendiera una medida similar del Dapre. El Equipo Élite presentó denuncia penal por presunto prevaricato y pidió a la Fiscalía establecer qué actuaciones se realizaron durante esa jornada extraordinaria.
El propio informe aclara que sus conclusiones no constituyen condenas: serán la Fiscalía y los organismos de control los encargados de establecer si hubo responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El petrismo construyó su relato de gobierno sobre la reforma agraria como acto de justicia histórica. El libro de la verdad no discute la intención; documenta la ejecución. Y la ejecución, según el informe, produjo campesinos con tierras que no son legalmente suyas, un billón de pesos del erario desembolsado por predios casi sin titularizar y contratos cuya trazabilidad está en entredicho.
Eso es lo que está en juego: no solo la responsabilidad penal o disciplinaria de funcionarios concretos —que corresponde determinar a los jueces—, sino el costo que pagan los contribuyentes y, sobre todo, los propios beneficiarios de una reforma que prometió propiedad y entregó, en buena parte, papeles provisionales. La propiedad privada sin título no es propiedad: es precariedad administrada por el Estado.
