La escena lo dice todo. Un vicepresidente sale a defender un libro ante quienes preferirían que ciertos capítulos permanecieran cerrados. El texto en cuestión se llama El libro de la verdad, y su sola existencia ha generado la incomodidad suficiente como para que su defensor deba salir a explicarlo, otra vez, en público.
El vicepresidente —identificado en la fuente únicamente por su cargo— fue directo: «Ese libro recoge las situaciones que no pueden normalizarse porque lo que hemos vivido durante los últimos cuatro años no es normal». La referencia es al gobierno de Gustavo Petro, que concluyó su mandato dejando, según el funcionario, un inventario de prácticas que el nuevo gobierno considera inaceptables.
El documento, según explicó el vicepresidente, reúne nueve prácticas o comportamientos que, a su juicio, no deberían repetirse en Colombia. No se trata, dijo, de un ejercicio de ajuste de cuentas políticas, sino de una herramienta para que el ciudadano sepa qué constituye una buena gestión pública y qué no. «El ciudadano debe saber que hay temas que generan inquietud y por eso debe hacerse pública esa información», afirmó.
La receptividad del libro, según el propio vicepresidente, ha sido positiva. Aunque reconoció que «a algunos no les ha gustado», insistió en que el país tiene el derecho a conocer lo que ocurrió durante los últimos cuatro años. La frase es deliberada: no se habla de sospechas ni de rumores, sino de un registro de lo que el gobierno entrante encontró al abrir los cajones del aparato estatal.
Lo que viene, además, no es el cierre del expediente. El vicepresidente anunció que todos los ministerios seguirán reportando casos críticos de eventual corrupción o temas relacionados, y que esa información será entregada a las autoridades competentes. En otras palabras, El libro de la verdad no es un documento estático: es el inicio de un proceso de rendición de cuentas que, según el funcionario, producirá más revelaciones.
La advertencia tiene peso político. Un gobierno que anuncia que seguirán destapándose casos está, al mismo tiempo, construyendo el marco narrativo de su propia gestión: el orden frente al desorden heredado, la transparencia frente a la opacidad, la institucionalidad frente a lo que describe como cuatro años de anomalía.
Los detalles cuentan la historia. El hecho de que sea el vicepresidente —y no un ministro de segunda línea— quien salga a defender el libro indica que el gobierno le asigna un valor estratégico alto. No es un informe técnico archivado en una dependencia; es un instrumento político de primer orden, pensado para que la ciudadanía tenga un punto de referencia claro sobre lo que se considera normal y lo que no en el manejo del Estado.
Para Hemisferio, el fondo del asunto es este: cuando un gobierno documenta y hace pública la conducta de su predecesor, está ejerciendo una función que las instituciones formales —fiscalías, contralorías, procuradurías— deberían cumplir con mayor velocidad y contundencia. Que sea necesario un libro para que el ciudadano se entere de lo que ocurrió con el dinero público durante cuatro años dice más sobre el estado de esas instituciones que sobre la iniciativa del gobierno actual. El libre ejercicio de la rendición de cuentas no debería depender de la voluntad política del sucesor; debería ser el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Mientras eso no ocurra, documentos como El libro de la verdad seguirán siendo, a la vez, un síntoma y un parche.
