La escena lo dice todo. Una exsenadora, un informe de empalme y una lista de cifras que, sumadas, dibujan un cuadro de gestión que los organismos de control colombianos tendrán que examinar durante meses. El llamado El libro de la verdad, escrito por el equipo de empalme del Tigre De La Espriella, fue el detonador.
María Fernanda Cabal tomó el documento y lo convirtió en una batería de preguntas directas al expresidente Gustavo Petro. La primera apuntó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Fomag. Según Cabal, la Contraloría General revisó en 2025 un total de 9.305 solicitudes de pensión de maestros. Solo 2.034 se pagaron a tiempo. Otros 2.857 docentes esperaron entre uno y dos años para recibir lo que ya habían ganado; 39 esperaron hasta seis años, y 12 llevan más de siete años en espera.
El dato que Cabal subrayó con más énfasis no fue el número, sino el silencio: la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que según la exsenadora financió la campaña presidencial de Petro en 2022, no convocó un solo paro ni emitió un comunicado en defensa de esos maestros durante el pasado gobierno.
La bomba fiscal
El segundo frente del informe es el que más presión pone sobre las finanzas públicas hacia adelante. Cabal describió una deuda contratada, según ella, «a tasas del 13 % y 15 %, las más altas de la historia reciente», con vencimientos programados para 2026, 2029 y 2030. «Aquí la Contraloría debe investigar a fondo el detrimento patrimonial», afirmó la excongresista.
Los detalles cuentan la historia. Una deuda cara con vencimientos escalonados no es solo un problema del gobierno que la contrató; es una carga que recae sobre quien administre las finanzas del Estado en los años siguientes.
Tierra sin papel
El libro de la verdad dedicó un capítulo a lo que denominó «el engaño de la reforma agraria». Cabal lo resumió con precisión: el pasado gobierno entregó 206.273 hectáreas sin título registrado. La Agencia Nacional de Tierras pagó 979.003 millones de pesos por 537 predios de la Sociedad de Activos Especiales. Al 22 de junio de 2026, tres tenían escritura registrada a favor de la Nación. Tres de 537.
«No les dio tierra a esos campesinos, les dio una foto, titulares en la prensa», dijo Cabal. La frase es política, pero el número que la sostiene proviene del informe de empalme.
El proyecto antidrones
El cuarto punto del alegato involucra seguridad y contratación pública. Entre abril de 2024 y noviembre de 2025 hubo 382 ataques con drones contra la Fuerza Pública, y eso dejó a más de 282 personas afectadas, según la descripción de Cabal basada en el informe. La respuesta del gobierno Petro, según la exsenadora, fueron equipos que detectan amenazas a 300 metros cuando los pliegos exigían 2.000. El proyecto asociado asciende a 6,3 billones de pesos y carga con alertas de la Contraloría sobre reducción de oferentes.
A eso se sumaron 2,2 billones de pesos comprometidos «de afán» para obras hospitalarias sin estudios previos, mientras, según Cabal, no había recursos para pagar a quienes ya atendían enfermos.
La lectura de Hemisferio
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el equipo de empalme del Tigre De La Espriella puso por escrito no es solo un inventario de irregularidades presuntas: es el mapa de las decisiones que el aparato estatal colombiano tomó con dinero de los contribuyentes en los últimos años, y cuyas consecuencias fiscales y sociales se extienden bien dentro de la próxima administración.
La deuda cara, los predios sin escritura, el proyecto antidrones con alertas de control y las pensiones de maestros pagadas con años de retraso comparten una lógica común: el Estado como instrumento de anuncio, no de entrega. Que Fecode, beneficiaria política del gobierno saliente según Cabal, haya guardado silencio ante el rezago pensional de sus propios afiliados es, en sí mismo, un dato sobre cómo funcionan los incentivos cuando la lealtad política precede a la representación gremial. Los organismos de control tienen ahora el expediente sobre la mesa.
