La escena lo dice todo. Un general retirado del Ejército, hoy senador de la República, sentado frente a un micrófono para respaldar la agenda de seguridad más ambiciosa que ha presentado el gobierno de José Antonio Kast, y al mismo tiempo para ponerle un freno público a uno de sus puntos más polémicos. Cristián Vial, independiente en cupo Republicano e integrante de la comisión de Seguridad del Senado, eligió ese escenario para marcar distancia con el Ejecutivo en un asunto que, según él mismo admitió, todavía no tiene texto definitivo.
El detonante fue la filtración de un borrador de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida por su sigla ACOT. El paquete incluye reformas constitucionales y un conjunto de medidas de seguridad pública. Antes de que el gobierno ingresara formalmente el proyecto al Congreso, el debate ya estaba desatado dentro del propio oficialismo.
Vial fue directo. «Las Fuerzas Armadas no están para el orden público», dijo en el programa Desde la Redacción de La Tercera. Y lo repitió, sin matices: «Las Fuerzas Armadas nunca en orden público». Para el senador, la distinción es conceptual antes que política: el orden público —la convivencia cotidiana, la manifestación, la protesta— es una función policial, no militar. Mezclar ambas misiones, en su lectura, no es necesario ni conveniente.
Lo que sigue es relevante: Vial aseguró que el Presidente Kast conoce y entiende su posición, y que lo mismo ocurre con el ministro Martín Arrau. «No es necesario hacer eso», sostuvo, sugiriendo que la línea roja no es una ruptura sino una coordenada compartida que deberá quedar plasmada en el texto legislativo final.
Porque ahí está la clave de la trastienda. El senador reconoció que aún no conoce el texto en detalle y que sus apreciaciones son inferencias. «Finalmente es el debate legislativo el que va a ajustar esto. No sé cómo va a quedar. No sé cómo lo van a ingresar. Pero eso se tiene que perfeccionar en el debate legislativo», afirmó. En otras palabras: la discusión real no ha comenzado, y las posiciones de hoy son señales de negociación, no votos definitivos.
En ese marco, Vial sí se mostró abierto a incorporar en la Constitución un nuevo estado de excepción. La seguridad pública como materia constitucional tampoco le genera alarma. «Hay motivos para poder dejarlo establecido a nivel constitucional. No hay que alarmarse por esto», dijo, apuntando a quienes, dentro y fuera del oficialismo, han reaccionado con rechazo anticipado al borrador.
El emplazamiento más directo llegó cuando se le preguntó por la postura de la UDI. El presidente de ese partido, Guillermo Ramírez, había declarado a La Tercera que su colectividad no podría apoyar las reformas constitucionales conocidas hasta ahora. Vial no se inmutó: «Guillermo Ramírez va a estar con nosotros. Guillermo Ramírez tampoco conoce esto y, sin duda, creo que va a ser de los que va a aportar en este sentido». Una predicción que, dicha con esa calma, suena más a información que a deseo.
Y hacia la oposición en general lanzó una advertencia que resume el tono del momento político: «El que no esté en esto va a tener que dar sus argumentos y sus explicaciones. No al Congreso, no al Ejecutivo, a la ciudadanía».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Chile lleva años debatiendo cómo responder al crimen organizado sin que el debate se traduzca en arquitectura institucional duradera. La ACOT es el intento más estructurado hasta ahora: reformas constitucionales, no solo leyes ordinarias. Que el debate interno estalle antes de que el texto llegue al Congreso no es una señal de debilidad; es la señal de que el gobierno está empujando algo con peso real.
La posición de Vial ilustra el principio que debería guiar cualquier reforma de seguridad seria: más Estado no equivale automáticamente a más orden. Militarizar el orden público sin precisión conceptual es un error que las democracias han pagado caro. Que ese argumento venga de un general retirado dentro del propio oficialismo le da al debate una credibilidad que ningún opositor podría aportar. El desafío del gobierno es convertir esa tensión interna en un texto que amplíe las herramientas del Estado contra el crimen organizado sin diluir la distinción entre defensa y policía. El Congreso, como siempre, tendrá la última palabra.
