La escena lo dice todo. No hubo una fecha, no hubo un decreto, no hubo un cartel que cruzara una frontera en una noche histórica. Ecuador se convirtió en uno de los países con mayores incautaciones de cocaína del mundo y de los más violentos de América Latina de la misma manera en que quiebra una empresa: primero despacio, luego de golpe.
Eso es, en esencia, lo que documenta El narcotráfico en Ecuador: orígenes, instituciones y convergencias criminales, publicado recientemente por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). El volumen reúne a doce investigadoras e investigadores que diseccionan la transformación del país desde su autopercibida condición de «isla de paz» hasta la crisis de violencia que hoy define su agenda política.
«Hay grupos criminales que han estado vinculados al narco desde finales del siglo XX. Esta vinculación hizo que Ecuador sea un actor marginal dentro del escenario internacional, y poco a poco se convirtió en protagonista», explicó a EFE Carla Álvarez, una de las editoras del libro.
La investigadora es precisa en el diagnóstico: no existió un punto de inflexión único, sino una serie de convergencias que nadie quiso narrar con honestidad. El cambio de paradigma que pasó de entender las drogas como problema de salud pública a problema de seguridad —a inicios de los años noventa—, la transición del sucre al dólar, la reducción de instituciones y capacidades estatales. Cada decisión abrió una grieta. El crimen organizado encontró el camino.
«Un día pasamos de entender a las drogas como un problema de salud pública a un problema de seguridad», recordó Álvarez. Ese reencuadre tuvo consecuencias prácticas: orientó recursos hacia operativos de corto plazo y dejó sin atención el consumo interno, el reclutamiento de jóvenes y la reconstrucción del tejido social.
El libro también examina la cooperación con Estados Unidos en materia antinarcóticos. Según los autores, esa colaboración se materializó en operativos militares y estrategias de corto plazo alineadas con la agenda de seguridad estadounidense, no necesariamente con las prioridades nacionales de Ecuador. «Ha sido un error asumir una agenda internacional de lucha contra el narcotráfico sin establecer prioridades nacionales. Eso nos ha hecho desatender otros problemas locales como el consumo de drogas», señaló Álvarez.
El resultado, según la académica, es una persecución selectiva: se captura a narcotraficantes reemplazables, pero no a quienes controlan el dinero. El sistema de inteligencia, en tanto, nunca fue fortalecido de manera sostenida.
El debilitamiento del Estado no operó en el vacío. De manera paralela, el mercado internacional generó condiciones para el crecimiento de otras economías ilegales: trata de personas, minería ilegal, tráfico de armas. El narcotráfico no llegó solo; llegó con un ecosistema criminal que encontró instituciones demasiado frágiles para resistirlo.
Durante décadas, agrega Álvarez, se asumió que lo que vivía Colombia no cruzaría la frontera. Fue una apuesta que el Estado perdió. «Una vez que hubo las condiciones propicias, especialmente por el debilitamiento del Estado, el crimen se expandió a todos los niveles», afirmó.
El libro no ignora la gestión del presidente Noboa ni su política de «mano dura». Los autores reconocen que esa estrategia es necesaria. Pero advierten que no es suficiente para abordar las causas estructurales. Álvarez propone que las cumbres presidenciales también sean escenario para analizar la construcción de paz y para generar alternativas para niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento.
Para entender el presente hay que volver a esa semana —o más bien, a esas décadas— en que nadie hizo las preguntas correctas.
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Lo que el libro del IAEN pone sobre la mesa es incómodo para cualquier gobierno, de cualquier signo: el Estado ecuatoriano no fue víctima pasiva del narco, sino un actor que, por omisión, negligencia o cálculo político, cedió terreno sistemáticamente. El debilitamiento institucional no es un accidente de la historia; es el producto de decisiones —o de la ausencia de ellas— que priorizaron el corto plazo sobre la arquitectura del orden público.
La lección para la región es directa: ningún país es una isla. La libre empresa y el orden jurídico solo prosperan donde el Estado conserva el monopolio legítimo de la fuerza y la capacidad de inteligencia para ejercerlo. Cuando esas dos condiciones se erosionan, el mercado que llena el vacío no es el de la inversión y el empleo: es el del crimen organizado.
