La escena lo dice todo: un país con miles de kilómetros de costa, pero con una población que no recibe suficiente sol para sintetizar uno de los nutrientes más básicos para la salud ósea. Ese es el paradójico diagnóstico que llevó a Chile a dar un paso infrecuente en la región: la fortificación obligatoria de alimentos con vitamina D.
Desde junio de este año, la leche líquida, la leche en polvo y la harina de trigo deben incorporar vitamina D por mandato del Ministerio de Salud. La medida no surgió de la nada. Se apoya en un subestudio de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, que evaluó los niveles de este nutriente en mujeres en edad reproductiva y adultos mayores, y cuyos resultados mostraron tasas de deficiencia «suficientemente altas como para justificar una intervención a nivel nacional», según el Dr. Borzutzky, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y uno de los impulsores de la iniciativa.
Borzutzky lleva alrededor de 15 años estudiando el fenómeno en Chile y describe un problema estructural: la geografía del país genera diferencias marcadas según la latitud. Las zonas cercanas al Ecuador reciben mayor radiación solar, mientras que hacia el extremo sur esa radiación disminuye de forma significativa. El resultado es que en lugares como Punta Arenas, la población tiene niveles insuficientes para sintetizar vitamina D durante el invierno. «Tenemos antecedentes de que está bastante deficiente en un porcentaje muy sustancial de la población, incluso llegando a niveles graves», afirma el especialista.
La vitamina D no es un nutriente menor. Es fundamental para la salud de los huesos y cumple funciones en otros órganos y sistemas, como el inmune, los músculos y el cerebro. Su principal fuente es la exposición a la radiación solar; una proporción menor se obtiene mediante alimentos como los pescados grasos. El problema es que ninguna de las dos vías resultaba suficiente para una parte importante de los chilenos.
El diseño de la política
La propuesta que derivó en la medida fue elaborada por la Universidad Católica junto al Centro de Políticas Públicas en 2020 y posteriormente adoptada por el Estado. En su diseño inicial se evaluó fortificar únicamente los lácteos, pero esa opción «se quedaba corta en lograr una mejoría sustancial del estatus de vitamina D de los chilenos», explica Borzutzky. La incorporación de la harina de trigo amplió la cobertura hacia sectores de la población que no consumen lácteos con regularidad.
El pronóstico del especialista es optimista en el corto plazo: quien consuma regularmente los alimentos fortificados debería recibir «una cantidad de vitamina D que debiera ser adecuada para que el 90% de la población esté sobre rangos de deficiencia severa». El impacto en los niveles del nutriente, agrega, «debería ser rápido, estamos hablando de meses».
Determinar si la política tendrá efectos sobre enfermedades específicas u otros resultados de salud, en cambio, podría tomar varios años. El objetivo inicial es más acotado: reducir de forma importante la proporción de personas con deficiencia severa. «Claramente debiéramos tener chilenos con huesos más fuertes, pero posiblemente veamos impactos en otras enfermedades y va a ser muy importante hacer seguimiento», plantea Borzutzky.
En cuanto al riesgo de toxicidad, el especialista lo descarta en términos prácticos: «Es extremadamente difícil que alguien coma tanto alimento como para intoxicarse, yo diría que es prácticamente imposible».
Existen, sin embargo, grupos específicos que podrían requerir evaluación médica: personas con problemas de absorción de nutrientes, algunas enfermedades autoinmunes o quienes prácticamente no tienen exposición al sol. Para el resto de la población, la mayoría que consuma regularmente los alimentos fortificados probablemente no necesitará medir sus niveles ni tomar suplementos.
Lo que la política revela
El caso chileno ilustra algo que los debates sobre salud pública suelen pasar por alto: cuando el Estado actúa con base en evidencia científica sólida, con un instrumento acotado y de bajo costo para el ciudadano, los resultados pueden ser concretos y medibles. La fortificación de alimentos no es una intervención nueva en el mundo —el yodo en la sal y el ácido fólico en la harina tienen décadas de historia— pero su aplicación a la vitamina D en Chile responde a un diagnóstico epidemiológico específico, no a una moda nutricional.
Lo que queda pendiente es el seguimiento. Una política de salud pública vale lo que valen sus datos de evaluación. Si en los próximos años el sistema de salud chileno no mide el impacto real de la medida en los niveles poblacionales de vitamina D, la inversión regulatoria habrá sido ciega. El mérito de la iniciativa está en su diseño basado en evidencia; su legitimidad definitiva dependerá de que esa misma exigencia se aplique a la evaluación de sus resultados.
