La escena lo dice todo.
El sábado 15 de agosto de 2026 venció el primer plazo del registro obligatorio de líneas telefónicas en México. Al corte del 26 de julio —dos semanas antes de esa fecha— la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contabilizaba 68 millones de registros completados. El problema: faltaban alrededor de 76.5 millones de usuarios sin participar en la inscripción.
Más de la mitad del universo de líneas celulares del país seguía, en ese momento, fuera del padrón.
El calendario que avanza
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) diseñó un esquema escalonado: cada fecha límite corresponde al último dígito del número celular. La próxima frontera es el lunes 31 de agosto de 2026, y aplica exclusivamente a las líneas cuya terminación sea el dígito 1.
Si ese plazo llega sin que el titular haya completado el trámite, la operadora tiene un periodo de 72 horas para suspender la línea. Durante la suspensión, el usuario pierde el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles, aunque conserva la posibilidad de marcar al 911 y a los centros de atención al cliente de su compañía para regularizar su situación.
El número no se pierde de forma definitiva: la suspensión es temporal y reversible una vez completado el registro.
Cómo cumplir el trámite
La CTR establece tres canales para vincular la línea con la identidad del titular: las plataformas digitales de cada operadora, sus aplicaciones móviles y los centros de atención física. El requisito indispensable es una identificación oficial vigente que contenga la CURP. El trámite, según las autoridades, es completamente gratuito y no implica cambio de número.
Las operadoras mencionadas en el proceso incluyen a Telcel, AT&T y Movistar, entre otras.
El argumento de seguridad
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado en distintas ocasiones que la medida busca reducir delitos como la extorsión, al eliminar el uso anónimo de teléfonos celulares. Sheinbaum ha señalado, además, que el gobierno de México no resguardará los datos directamente, sino que serán las compañías telefónicas las encargadas de custodiar esa información.
El portal oficial habilitado para el trámite es registratulinea.crt.gob.mx.
Lo que está en juego
Los detalles cuentan la historia. Una brecha de 76.5 millones de líneas sin registrar —sobre un universo que supera los 144 millones de accesos móviles según la proporción que arrojan las cifras disponibles— no es un dato menor: revela que la mayoría de los usuarios mexicanos no ha respondido a la convocatoria del Estado, ya sea por desconocimiento, desconfianza o simple inercia.
Para Hemisferio, la pregunta de fondo no es técnica sino de principio. Un registro masivo que vincula cada número celular con la identidad biométrica de su titular —la CURP como llave— construye una base de datos de alcance inédito sobre los patrones de comunicación de la población. La promesa de que «las compañías, no el gobierno» custodiarán esa información no resuelve la tensión: las operadoras operan bajo concesión del Estado y están sujetas a sus requerimientos legales.
El argumento de la seguridad es real: la extorsión telefónica es un flagelo documentado en México. Pero el instrumento elegido —la identificación obligatoria de toda línea activa, con suspensión automática como sanción— es una herramienta de vigilancia de primer orden. En un país donde el estado de derecho enfrenta cuestionamientos persistentes, entregar ese padrón sin garantías institucionales sólidas es una apuesta que el contribuyente mexicano debería evaluar con los ojos abiertos.
