La escena lo dice todo.
Dos semanas después de posesionarse, el gobierno de Abelardo De La Espriella todavía estaba contando lo que encontró. El jueves, el Ministerio de Agricultura presentó un consolidado de órdenes de prestación de servicios —las llamadas OPS— heredadas de la administración de Gustavo Petro. El número que encabezaba el documento era difícil de ignorar: más de 18.000 contratistas, con contratos ajustados para llegar hasta diciembre, por un valor cercano a $1 billón de pesos.
El ministro entrante, Indalecio Dangond, recibió esa nómina de manos de la exministra Marta Carvajalino. El desglose sectorial revela la magnitud del aparato construido en los últimos años.
La Agencia Nacional de Tierras concentra la mayor parte de la carga: 9.281 contratistas vinculados, con contratos que suman $451.000 millones. Le sigue el Instituto Colombiano Agropecuario, con 3.056 contrataciones por $153.000 millones. La Unidad de Restitución de Tierras registra 2.585 contratos por $168.311 millones. La Agencia de Desarrollo Rural suma 1.971 contratos por $113.000 millones. La cartera directa del ministerio reporta 740 contratos por $73.000 millones. Completan el cuadro la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, con 322 contratos por $29.000 millones, y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, con 412 contratos por $41.547 millones.
El propio ministerio formuló la pregunta que sus funcionarios no dijeron en voz alta pero que el documento dejaba implícita: «¿Cuántas viviendas dignas se podrían haber construido para esas familias con $1 billón?». La referencia era concreta: según la cartera, miles de familias en 15 departamentos afectados por un terremoto enfrentan la destrucción de sus viviendas y esperan soluciones.
La comparación no es retórica menor. Es el eje del argumento con el que el nuevo gobierno enmarca el hallazgo: dinero de los contribuyentes comprometido en burocracia contratada, mientras necesidades urgentes permanecen sin atender.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El gobierno De La Espriella lleva apenas dos semanas en funciones y ya ha reportado anomalías en distintas carteras. El caso del agro es, hasta ahora, el más documentado en cifras. La estrategia de comunicación es deliberada: presentar consolidados con números específicos, entidad por entidad, para que la magnitud del gasto no quede en abstracción.
Los detalles cuentan la historia.
Una orden de prestación de servicios es, en teoría, un instrumento flexible para contratar expertise puntual sin crear planta permanente. En la práctica, cuando se acumulan más de 18.000 en una sola cartera sectorial, con vigencia extendida hasta el fin del año calendario, el instrumento deja de ser flexible y se convierte en lo que el ministerio llama abiertamente «politiquería»: una forma de sostener una red de vínculos laborales con cargo al erario, más allá del cambio de gobierno.
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Lo que está en juego aquí no es solo un debate contable. Es una pregunta sobre el modelo de Estado que Colombia heredó de cuatro años de petrismo y sobre el costo real que ese modelo impone a los contribuyentes.
Un billón de pesos comprometido en contratistas —muchos de ellos en la Agencia Nacional de Tierras, institución central del proyecto de reforma agraria del gobierno anterior— es dinero que el nuevo gobierno no puede redirigir libremente, al menos no de inmediato. Los contratos están firmados. Esa es la trastienda del traspaso de poder: la burocracia no se va con el presidente saliente; se queda, facturando, hasta diciembre. Para una administración que llegó con promesas de orden fiscal y eficiencia en el gasto público, el desenlace de esta herencia será una de las primeras pruebas de su capacidad real de gestión.
