La escena lo dice todo. La primera alocución televisada del presidente Abelardo de La Espriella no fue un discurso de bienvenida al poder: fue un inventario de daños. Detrás de él, las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dibujaban la dimensión de lo ocurrido el 10 de agosto, cuando un sismo de magnitud 7,4 —el más fuerte desde 1979, según el Servicio Geológico Colombiano— sacudió al país con una profundidad de 96 kilómetros.
El balance oficial, todavía preliminar, habla de 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas en 450 municipios de 15 departamentos, lo que el mandatario describió como cerca de una tercera parte del territorio nacional. Valle del Cauca concentra 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos; Risaralda registra 104 muertos, 565 heridos y 61 desaparecidos.
En infraestructura, el sismo destruyó 26.945 viviendas y averió más de 127.557. Los daños alcanzan también 285 centros de salud y más de 2.838 establecimientos educativos, además de carreteras, puentes y otras instalaciones esenciales.
La factura preliminar
Una firma privada calculó pérdidas físicas directas cercanas a $30 billones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. De ese monto, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a edificaciones y $5,5 billones a infraestructura. El Gobierno advirtió que la cifra será ajustada a medida que avance la caracterización de los daños en cada territorio —y que el cálculo cubre solo cinco de los quince departamentos afectados.
De La Espriella destacó especialmente la situación del Chocó: aunque el valor absoluto de las pérdidas es menor frente a otros departamentos, la afectación proporcional sería la más alta. Para esa región planteó un denominado «Plan Marshall», con el propósito de atender la emergencia y, al mismo tiempo, enfrentar lo que calificó como necesidades históricas de una de las regiones más olvidadas del país.
El andamiaje institucional
El presidente anunció que decretará el estado de emergencia económica, al considerar que la magnitud del desastre exige medidas extraordinarias que la Constitución habilita. «Este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias», afirmó.
Ordenó además la creación del Fondo Milagro, que será el eje financiero del plan de reconstrucción. Para su diseño, el Gobierno tomará como referencia el FOREC —el mecanismo creado tras el terremoto del Eje Cafetero de 1999— con la intención de replicar sus aciertos y evitar sus errores. «Me estoy inspirando con todo el equipo económico en el Forec», dijo De La Espriella.
El Plan Milagro de Reconstrucción quedó a cargo del Ministerio de Vivienda, dirigido por Jaime Andrés Beltrán. Contempla el programa «Vivienda Milagro», con subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y programas de vivienda nueva y mejoramiento. El proceso comenzará con un censo y la caracterización de cada familia afectada.
En materia de financiación inmediata, el Ministerio de Hacienda activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por US$200 millones, recursos que el mandatario describió como ya disponibles para las necesidades más urgentes.
De La Espriella también hizo un llamado al sector de la construcción para que participe en la recuperación —incluso mediante la donación de utilidades en proyectos de vivienda— y pidió al sector financiero reducir las tasas de interés para facilitar que las familias puedan reconstruir o adquirir una vivienda. En el terreno, 138 rescatistas extranjeros apoyan las operaciones: 24 estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes.
Sobre la corrupción, el presidente lanzó una advertencia directa: «No hay en mi Gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente».
La lectura de Hemisferio
El Plan Milagro tiene la arquitectura correcta: un fondo con referente histórico probado, participación privada explícita, financiamiento externo ya activado y un mensaje de tolerancia cero a la corrupción que, si se sostiene en la ejecución, marcará la diferencia con episodios anteriores. La apuesta de De La Espriella por articular constructores, aseguradoras y entidades financieras —en lugar de hacer del Estado el único ejecutor— es precisamente el modelo que distingue las reconstrucciones exitosas de las que se convierten en sumideros de dinero público.
El riesgo real no está en el diseño del plan sino en la advertencia que el propio presidente deslizó: la situación fiscal es grave. Reconstruir $30 billones en daños —cifra que crecerá cuando se complete la caracterización de los quince departamentos— sobre unas finanzas públicas ya tensas exigirá disciplina presupuestaria, velocidad en la ejecución y una coordinación con gobernadores y alcaldes que históricamente ha sido el eslabón más débil de las emergencias colombianas. La primera alocución puso el listón alto. Ahora viene la parte difícil.
