La escena lo dice todo. Las cámaras de seguridad del CAI Galán, en la localidad de Puente Aranda, registraron el momento exacto: un joven entra al puesto policial con un cuchillo en la mano y se dirige directo hacia el subintendente Rubén Ricardo Ramírez. Lo ataca por la espalda. Intenta degollarlo. Hay forcejeo. Salen a la calle. El uniformado acciona su arma de dotación. Michell Felipe Santos Rodríguez, de 26 años, muere en el lugar.
Eso ocurrió en la mañana del miércoles 19 de agosto. Lo que vino después abrió una pregunta incómoda: ¿alguien sabía que esto podía pasar?
Lo que dijo la familia
Clara Luz Rodríguez, madre de Santos, aseguró en entrevista con la emisora La FM que ella misma había acudido a la Policía para advertir sobre el estado de su hijo. «Yo ya había ido a la Policía a decirles que él sufría de esquizofrenia, dejé una foto allá y todo», declaró. Según su relato, dejó una fotografía del joven en la institución para que pudieran identificarlo si se presentaba algún incidente.
Lady Santos, hermana del joven, agregó que Michell ya había protagonizado un episodio similar con las autoridades con anterioridad. Ambas familiares confirmaron que el joven recibía tratamiento médico y había sido valorado por profesionales de salud mental.
La madre añadió un detalle que complica aún más el cuadro: una psiquiatra le habría dicho que Santos era un paciente tranquilo, pero que posteriormente le habrían suspendido uno de los medicamentos que tomaba.
Lo que registran los expedientes
Más allá del testimonio familiar, las autoridades confirmaron que Santos Rodríguez tenía anotaciones en la Fiscalía y que tenía pendiente un juicio para septiembre por hechos similares. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el joven presentaba esquizofrenia paranoide y estaba bajo tratamiento médico.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que el subintendente Ramírez «fue agredido y atacado por la espalda por un ciudadano con arma cortopunzante». Sobre la reacción del uniformado, el oficial indicó que actuó «con el fin de salvaguardar su vida e integridad y en el uso de la legítima defensa».
Ramírez fue trasladado al Hospital Central de la Policía Nacional. Las autoridades confirmaron que le otorgaron cuatro días de incapacidad para su recuperación. Está fuera de peligro.
La investigación abierta
El procedimiento y las circunstancias en que se produjo la muerte de Santos son ahora materia de investigación por parte de las autoridades. Los elementos que deberán esclarecerse incluyen qué ocurrió antes del ataque, qué se hizo con las advertencias previas de la familia y qué pasó con el tratamiento médico del joven.
Los detalles cuentan la historia. Una madre que entregó una foto. Un expediente en la Fiscalía. Un juicio pendiente. Un medicamento suspendido. Y un policía que sobrevivió de milagro a una agresión que, según la propia familia del agresor, tenía antecedentes conocidos.
La lectura de fondo
Este caso expone una falla sistémica que el aparato estatal colombiano arrastra sin resolver: la ausencia de protocolos efectivos para gestionar pacientes con trastornos mentales graves que representan un riesgo documentado. La familia cumplió con avisar. Hubo registros. Hubo antecedentes. Y aun así, un subintendente terminó en el hospital con cuatro días de incapacidad y un joven de 26 años terminó muerto en la acera.
El debate sobre la responsabilidad institucional no puede reducirse a si el policía actuó correctamente —las propias autoridades respaldan la legítima defensa— sino a por qué el sistema de salud mental y el sistema de seguridad no lograron articular una respuesta antes de que la situación llegara a ese CAI. Esa es la pregunta que la investigación deberá responder.
