La escena lo dice todo. Un viernes por la mañana, Donald Trump publicó en Truth Social que había «concluido un acuerdo para bajar sustancialmente el precio de la carne molida para las familias trabajadoras estadounidenses». No hubo conferencia de prensa, no hubo nombre de contrapartes. Solo el anuncio y la promesa de una orden ejecutiva en las próximas semanas.
El mecanismo es concreto: durante 90 días, Estados Unidos permitirá importar hasta 300,000 toneladas métricas de carne destinada a la producción de carne molida sin el llamado «arancel fuera de cuota», ese gravamen adicional que se activa cuando las importaciones superan cierto volumen. A cambio, los exportadores extranjeros se comprometieron a vender ese producto con un descuento del 25% respecto al precio de mercado actual, descuento que, según un funcionario de la Casa Blanca consultado por TIME, se trasladará al consumidor final.
Los números detrás del acuerdo son elocuentes. En julio pasado, el precio promedio de la carne molida para el consumidor estadounidense rondaba los 6.885 dólares por libra, un salto de aproximadamente 57% respecto a cinco años atrás, según datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. El mismo mes, el precio de la carne molida cruda subió un 9% en comparación con julio del año anterior, de acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
La causa de fondo es una crisis de oferta. El hato ganadero estadounidense lleva años contrayéndose. La Federación Americana de Oficinas Agrícolas reportó el mes pasado que, si bien el inventario total de ganado subió levemente a principios de julio por primera vez en ocho años, el hato de vacas de carne cayó a 28.5 millones de cabezas, una reducción de cerca del 1% frente al mismo período del año anterior. Esa cifra representa el «inventario de julio más pequeño registrado» desde que existen datos, que datan de 1973. Los expertos atribuyen la presión sobre los hatos en gran medida a sequías.
Este acuerdo no es el primero movimiento de la administración Trump en este frente. Antes, el presidente firmó una orden ejecutiva para incrementar las importaciones de recortes magros de carne desde Argentina en 80,000 toneladas métricas anuales. Esa medida también generó escepticismo: analistas advirtieron que el volumen era demasiado pequeño para mover el mercado de manera significativa.
La reacción más dura al nuevo anuncio llegó desde adentro del propio sector. Colin Woodall, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos de Res —el principal gremio de productores y rancheros del país—, dijo en un comunicado que estaba «decepcionado» con la decisión de Trump. «Inundar el mercado con carne subsidiada por gobiernos extranjeros y vendida por debajo del precio de mercado no es la manera de reconstruir el hato ganadero estadounidense», afirmó Woodall. «Hoy ya estamos trabajando para recuperarnos después de años de sequías, altos costos de insumos y otros desafíos. Este anuncio y otras intervenciones de mercado echan agua fría sobre las perspectivas de expansión del hato y sacrifican la estabilidad a largo plazo por mensajes de corto plazo».
Un detalle que la Casa Blanca no ha aclarado: quiénes son los países exportadores que firmaron el compromiso. La identidad de las contrapartes sigue siendo, al cierre de esta edición, una incógnita.
La lectura de Hemisferio es la siguiente. Trump actúa aquí con la lógica del ejecutivo que quiere resultados visibles antes de que el precio en el supermercado se convierta en titular de campaña. El problema es que la herramienta elegida —abrir la puerta a importaciones subsidiadas por gobiernos extranjeros— contradice el principio que su propia base productiva defiende: que el mercado, no el Estado, debe fijar el precio de la carne. Woodall lo dijo sin rodeos, y tiene razón en el diagnóstico estructural: ningún acuerdo de 90 días reconstruye un hato que tardó años en menguar.
El verdadero costo de esta intervención no se mide en dólares por libra esta semana, sino en la señal que envía al ganadero que está decidiendo si invierte en expandir su operación. Cuando el gobierno puede, con una publicación en redes sociales, alterar las reglas del mercado en cuestión de días, el cálculo de largo plazo se vuelve imposible. Eso no es libre empresa; es exactamente la incertidumbre regulatoria que la libre empresa necesita evitar.
