La escena lo dice todo. Cuatro de cada diez reclusos en Colombia no tienen una cama. Duermen en el piso de establecimientos que, según el informe entregado por el nuevo gobierno, recibieron miles de millones de pesos en contratos de ampliación que nunca se materializaron.
Ese es el retrato central de «El libro de la verdad», el documento de empalme que el gobierno de Abelardo De La Espriella presentó esta semana para detallar el estado en que recibió las instituciones. Iván Cancino, ministro de Justicia, fue el encargado de exponer el capítulo penitenciario, y las cifras que presentó no admiten lectura optimista.
El hacinamiento en los establecimientos de reclusión llegó al 28 %. En los centros transitorios —pensados para estancias cortas— el índice trepó al 95,5 %. Solo el 25,4 % de los reclusos estudia. Y el 41,4 % duerme en el piso.
Obras que no existen
Lo que agrava el diagnóstico no es solo la precariedad: es la contradicción entre esa precariedad y el dinero que, según el informe, se pagó para resolverla. La revisión de la gestión contractual de la Uspec y el Inpec identificó 119 hallazgos. El documento señala que interventores habrían autorizado desembolsos por obras que no existían.
Entre los proyectos cuestionados aparecen la ampliación de cupos en Itagüí, por 39.385 millones de pesos; Barranquilla, por 8.923 millones; Ipiales, por 6.988 millones, y Buga, por 6.233 millones. En la cárcel El Barne, además, se adquirieron equipos de cocina por 1.164 millones de pesos que permanecieron almacenados y sin uso.
El resultado: más del 90 % de la meta de 7.227 cupos carcelarios prevista para el cuatrienio quedó sin entregar. El detrimento registrado por obras suspendidas supera los 82.700 millones de pesos.
«El 41,4 % de los reclusos duerme en el piso mientras se pagaron obras carcelarias que no existen. Esa contradicción resume el estado en que se recibe la justicia», afirmó Cancino en su presentación.
La salud, otro frente crítico
La crisis no se detiene en la infraestructura. La Contraloría formuló 135 hallazgos en salud intramural y encontró 2.239 procedimientos y 4.137 medicamentos represados. La atención médica dentro de los penales, según el informe, acumuló un rezago que el nuevo gobierno deberá despejar.
En materia presupuestal, el sector había comprometido el 54,4 % de su presupuesto a junio de 2026, pero solo había obligado el 34,5 %, una brecha que el documento interpreta como señal de gestión incompleta.
Cancino anunció un plan de choque penitenciario para entregar, en sus palabras, «cupos reales y no actas de obra». Y cerró su informe con una frase que resume la apuesta del nuevo gobierno: «La justicia no se restablece con anuncios: se restablece cuando el ciudadano vuelve a ver que la ley se cumple».
La lectura de Hemisferio
Lo que «El libro de la verdad» pone sobre la mesa es algo más que una auditoría de gestión: es el retrato de un Estado que cobró impuestos, firmó contratos y no entregó lo prometido, mientras los más vulnerables —los reclusos, sin voz pública— pagaron el precio con su dignidad y su seguridad. Una cárcel sin cupos, sin médicos y sin programas de resocialización no es un problema administrativo menor; es, como señaló el propio Cancino, «una fábrica de reincidencia financiada con impuestos».
El desafío para el gobierno De La Espriella es doble: recuperar la capacidad física del sistema y demostrar que el dinero del contribuyente se convierte en obras verificables, no en actas. La trastienda de este informe es también una advertencia para cualquier gobierno de la región: el abandono institucional tiene costos que siempre termina pagando alguien, y ese alguien rara vez es quien firmó los contratos.
