La escena lo dice todo. Un procurador general sale a revelar, después de concluido el proceso electoral, que «todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr». El funcionario es Gregorio Eljach. El momento es este martes. Y la pregunta que flota en el aire de Bogotá es una sola: ¿por qué hasta ahora?
Eljach afirmó que su programa de «Paz Electoral» fue el que «permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones». Agregó que «hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral» y que «Colombia sabe a qué me refiero, no voy a recordar esos momentos de angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal».
Las palabras son graves. La admisión de que el proceso estuvo en riesgo real —dicha por el máximo órgano disciplinario del Estado— confirma lo que varios sectores denunciaron durante meses: que el expresidente Gustavo Petro libró una campaña sistemática para deslegitimar el sistema electoral colombiano antes de conocerse los resultados.
Los detalles cuentan la historia. Petro pasó varios meses cuestionando a la Registraduría y al sistema electoral, llegando a pedir acceso al «código fuente» del software que administra los comicios. El registrador Hernán Penagos explicó a EL COLOMBIANO que entregar ese código sería como «dar la clave de la bóveda del Banco de la República». Petro también declaró en una entrevista con El País de España que respetaría los resultados «si no había fraude». Como no ganó su candidato, según la fuente, sigue sosteniendo una narrativa de fraude sin pruebas, al punto de llamar al presidente De la Espriella «el ilegítimo».
Eljach no fue un espectador pasivo durante ese período. En su momento hizo llamados públicos: «He pedido a los actores políticos y a la ciudadanía en general hacer un uso prudente y responsable de sus contenidos y sus mensajes». Fue más lejos: «El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación» y advirtió que «es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral». Señalamientos directos que apuntaban al comportamiento de Petro.
Pero ahí está el giro que la oposición no le perdona. Eljach luego matizó su postura respecto a las redes sociales, señalando que «si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina». La referencia era a la cuenta de Petro en X, desde donde el entonces presidente se pronunció habitualmente. Para sus críticos, ese viraje fue la señal de una procuraduría que cedía terreno.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, fue directo: «Luego de haber guardado silencio cómplice durante meses el procurador Gregorio Eljach sale a denunciar que no iban a haber elecciones, demostrando una vez más que era un procurador de bolsillo. ¿Cómo no denunció algo tan grave en su momento?». Briceño acusó a Eljach de actuar según los intereses del expresidente Petro.
La trastienda de la elección de Eljach añade contexto. Fue ternado por el Gobierno de Petro y elegido con 95 votos en el Senado. El exministro del Interior Armando Benedetti tuvo injerencia en esa elección, según la fuente, y Eljach era considerado una figura cercana tanto al Gobierno como a los políticos tradicionales con asiento en el Congreso, donde se desempeñó como secretario del Senado durante más de doce años.
Hoy, con las instituciones en pie y el Congreso de la República en funciones, Eljach reivindica su papel. «Hoy gozan el señor presidente legítima y legalmente elegido y el Congreso de la República», dijo, atribuyendo ese resultado, al menos en parte, a las medidas tomadas desde su despacho.
Para Hemisferio, la revelación de Eljach confirma algo que el aparato estatal prefirió no decir en voz alta mientras ocurría: Colombia estuvo más cerca del precipicio institucional de lo que las declaraciones oficiales admitían. Que el propio procurador lo reconozca ahora, cuando el riesgo pasó, plantea una pregunta incómoda sobre el valor real de las instituciones de control cuando más se las necesita. El orden democrático se preservó —y eso importa—, pero la factura del silencio oportuno la pagan la credibilidad del cargo y la confianza ciudadana en quienes deben hablar primero, no después.
