La escena lo dice todo. Un pronunciamiento presidencial dirigido al ministro de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director general de la Policía Nacional. Sin rodeos, sin diplomacia burocrática: el presidente Abelardo De La Espriella calificó de «absolutamente alarmante» la información recibida sobre el hurto de combustibles y crudo en Colombia, y exigió una respuesta «inmediata y contundente» del Estado.
Las cifras que puso sobre la mesa son difíciles de procesar. Según el mandatario, cerca de 123.700 barriles de productos refinados —gasolina, diésel y nafta— estarían siendo hurtados cada mes. Y no en todo el país: en un solo poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, con pérdidas concentradas principalmente en los departamentos de Cesar y Magdalena.
Para dimensionar el número: según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Colombia consume aproximadamente entre 145.000 y 156.000 barriles diarios de gasolina. De mantenerse el ritmo del hurto, el volumen sustraído superaría 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas para Ecopetrol —y, por tanto, para la Nación— por más de $500.000 millones, de acuerdo con las cifras presentadas por el propio presidente.
Pero el problema no termina en el balance contable de la petrolera estatal. De La Espriella señaló que esos combustibles estarían siendo utilizados como insumos en el procesamiento ilícito de cocaína. Pidió determinar cuánto del combustible hurtado termina en las cadenas del narcotráfico y qué organizaciones están detrás de su adquisición y transporte.
El cuadro que describió es el de una operación criminal de escala industrial. Según el mandatario, los responsables estarían utilizando las llamadas «caravanas de la muerte» para cargar, transportar y escoltar el combustible robado, con movilizaciones de hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino al Catatumbo.
«Si confirmamos que gran parte de este combustible está alimentando los complejos de producción de cocaína, entonces no estamos solamente frente a un gigantesco robo a Ecopetrol: estamos frente a una cadena criminal que puede estar conectando el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas», advirtió el presidente.
El señalamiento presidencial llega en un momento en que Colombia registra los niveles más altos de su historia en cultivos de coca y producción de cocaína. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción mundial de cocaína alcanzó 3.708 toneladas de droga pura en 2023, un incremento del 34% frente al año anterior, impulsado principalmente por el aumento de la superficie de cultivo de hoja de coca en Colombia, que llegó a 253.000 hectáreas —unas 6,6 veces el área total de Medellín—. Las regiones con mayor incremento de cultivos se ubican en el suroeste del país, zonas donde operan disidencias de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz.
De La Espriella fue explícito sobre el alcance de la respuesta que exige: no perseguir únicamente al que perfora el tubo, sino desmantelar toda la cadena. «Quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa», enumeró. Pidió inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y demás bienes utilizados por estas organizaciones. Al ministro de Defensa le encargó coordinar personalmente la operación y presentar informes periódicos de avance.
El pronunciamiento también hizo referencia a antecedentes de ataques contra la infraestructura petrolera, incluidos episodios en el Oleoducto Trasandino y en el Caño Limón-Coveñas, en la región del Catatumbo, donde distintas acciones ilícitas han afectado de forma severa la operación de esos ductos en años recientes.
Los detalles cuentan la historia. Lo que De La Espriella puso en evidencia no es solo un problema de seguridad energética: es la radiografía de un aparato criminal que prospera donde el Estado ha estado ausente. Cada barril robado es dinero de los contribuyentes colombianos que financia estructuras armadas, engrasa la maquinaria del narcotráfico y erosiona la viabilidad de la principal empresa del país. La decisión de ordenar una operación conjunta, con extinción de dominio y rendición de cuentas directa al ministro, marca un giro de tono respecto a la gestión anterior: el Estado recuperando terreno, no negociándolo.
