La escena lo dice todo: una familia recibe las llaves de su vivienda de interés social y encuentra paredes sin revocar, pisos sin terminar, una obra gris que llaman hogar. El subsidio ya fue ejecutado. La burocracia, satisfecha. La familia, atrapada.
Esa contradicción es el punto de partida de una iniciativa legislativa radicada ante el Congreso de la República un martes 18 de agosto —según consigna la fuente— que busca transformar la lógica del subsidio familiar de vivienda otorgado a través de las Cajas de Compensación Familiar.
El proyecto plantea un giro fundamental: que sean las propias familias beneficiarias quienes decidan cómo utilizar el subsidio, de acuerdo con sus necesidades particulares, en lugar de una única modalidad de aplicación impuesta desde arriba.
Las cuatro alternativas concretas que propone la iniciativa son: pagar la cuota inicial de una vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP); terminar o adecuar una vivienda nueva entregada en obra gris; abonar al saldo de un crédito hipotecario o de un contrato de leasing habitacional; o combinar dos modalidades mediante la aplicación fraccionada del subsidio.
Uno de los elementos que más llama la atención es lo que el proyecto no hace: no crea nuevos subsidios ni incrementa el gasto público. La iniciativa busca optimizar la utilización de los recursos existentes del Fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda (FOVIS), manteniendo su destinación específica y sin afectar el Presupuesto General de la Nación. En otras palabras, se trata de hacer más con lo que ya existe, no de abrir otra canilla del erario.
La exposición de motivos señala que el déficit habitacional cualitativo continúa siendo aproximadamente tres veces superior al déficit cuantitativo. No basta, dice el texto, con que una familia pueda adquirir una casa o un apartamento; es necesario generar condiciones para que pueda habitarlo dignamente. El proyecto también llama la atención sobre la reducción del número de hogares propietarios y el crecimiento de las familias que viven en arriendo, panorama que hace necesario contar con mecanismos más flexibles.
Adicionalmente, la iniciativa establece que las entidades financieras, las constructoras y las propias Cajas de Compensación Familiar no podrán condicionar ni interferir en la modalidad escogida por el hogar beneficiario. El proyecto también fortalece los deberes de información y transparencia de las cajas. La premisa central, según el comunicado que acompaña la radicación: «el subsidio debe adaptarse a la familia y no la familia al subsidio».
«Durante décadas, el Estado ha decidido por las familias cómo deben utilizar el subsidio de vivienda», señala el comunicado. «Este proyecto cambia esa lógica: reconoce que nadie conoce mejor las necesidades de un hogar que el propio hogar».
La iniciativa está próxima a iniciar su trámite legislativo en el Congreso.
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Para Hemisferio, el valor de esta propuesta no reside en su ambición presupuestal —que es nula— sino en su ambición filosófica. Reconocer que el beneficiario es el mejor juez de su propia necesidad es un principio elemental de libre mercado que la política habitacional colombiana ha ignorado sistemáticamente. Décadas de subsidios de ventanilla única han producido exactamente lo que producen los monopolios: ineficiencia y usuarios cautivos sin poder de elección.
El proyecto llega, además, en un momento en que el gobierno Petro ha apostado por expandir el aparato estatal en materia de vivienda, con resultados que el propio déficit cualitativo —tres veces mayor que el cuantitativo, según la exposición de motivos— deja en evidencia. Que una iniciativa legislativa proponga exactamente lo contrario —más decisión para las familias, cero gasto nuevo, prohibición expresa de interferencia de terceros— es, en la trastienda del Congreso colombiano, una señal que vale la pena seguir.
