La última vez que Elmer Rueda Rueda escuchó la voz de su hijo, Santiago le hablaba de bombardeos y de drones. Era el 5 de julio. Desde entonces, silencio.
Santiago Rueda, colombiano de 21 años, viajó a Ucrania el 23 de mayo. Según relató a su familia, se había incorporado al Ejército ucraniano, que lleva más de dos años resistiendo la invasión rusa. Su padre, residente en el departamento del Tolima, contó a la revista Semana que durante las primeras semanas el joven mantenía comunicación frecuente: enviaba fotografías, videos desde instalaciones militares, y describía las condiciones del frente.
«Él había logrado hacer una documentación para incorporarse al ejército de Ucrania y se fue el día 23. Habitualmente él se comunicaba al estar allá. Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero él se comunicaba, nos enviaba videos, fotos. Pero le perdimos el contacto el día 5 de julio», dijo Elmer Rueda a esa publicación. «Ese fue el último día que se logró comunicar y de ahí para adelante no volvió a contestar ni a comunicarse con nosotros».
Los detalles cuentan la historia. En esa última comunicación, Santiago habría advertido sobre la intensidad de los bombardeos y la presencia de drones en la zona donde se encontraba. No hubo más mensajes después de eso.
La angustia de la familia se agudizó cuando, días después, encontraron en redes sociales publicaciones en las que el nombre de Santiago aparecía en una lista de supuestos fallecidos en combate. El padre señaló que esas cuentas serían de «dudosa procedencia» y exigió a las autoridades verificar oficialmente qué ocurrió con su hijo. Hasta el momento de la publicación de esta información, no había confirmación oficial sobre su estado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La incertidumbre sobre el paradero de Santiago no es solo el drama de una familia del Tolima: es el reflejo de una realidad que afecta a varios latinoamericanos que, por razones diversas, han terminado combatiendo en un conflicto a miles de kilómetros de sus hogares, sin red consular efectiva, sin protocolos claros y sin que sus gobiernos hayan establecido mecanismos de seguimiento.
A ese vacío institucional se suma un fenómeno que el padre de Santiago denunció directamente: personas que estarían aprovechándose de la incertidumbre de familias de combatientes para intentar extorsionarlas con supuestas gestiones de repatriación de cuerpos. «Yo he hecho contacto con militares allá buscando la posibilidad de saber de él, pero no ha sido posible», afirmó Elmer Rueda.
El caso expone una grieta que los gobiernos de la región han preferido no mirar de frente. Ciudadanos que viajan a zonas de conflicto activo quedan, en la práctica, fuera del alcance consular. No existe, al menos de manera pública, un protocolo del Estado colombiano para rastrear a nacionales que se incorporan voluntariamente a ejércitos extranjeros, ni para asistir a sus familias cuando la comunicación se interrumpe.
La escena lo dice todo: un padre en el Tolima buscando a su hijo a través de contactos militares informales en un país en guerra, mientras desconocidos intentan cobrarle por información que puede ser falsa. El aparato estatal, en este caso, brilla por su ausencia.
El gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho de la retórica de paz y de la diplomacia con actores no convencionales una de sus banderas, no ha dado respuesta pública documentada sobre el caso de Santiago Rueda ni sobre cuántos colombianos se encuentran en situación similar en Ucrania. La familia sigue esperando. El teléfono de Santiago sigue sin contestar.
