La escena lo dice todo. Daniely Hurtado lleva semanas esperando que alguien del gobierno venezolano le diga, al menos, que lo siente. Su esposo, Eduardo José Osal Mujica, fue deportado desde Estados Unidos en el vuelo 164, aterrizó en Maiquetía el 24 de junio a las 12:30 del mediodía y murió horas después cuando dos terremotos sacudieron la región central de Venezuela. Nadie del aparato estatal se ha comunicado con ella.
«Desde que ocurrieron los terremotos nadie nos ha dicho ni siquiera que lo siente», declaró Hurtado al periódico El Nuevo Herald.
En ese vacío institucional entró la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), con sede en Miami. La organización anunció que asumirá el respaldo legal y humanitario de los familiares de los 146 migrantes venezolanos que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE, por sus siglas en inglés— deportó en ese vuelo.
El operativo
La aeronave fue fletada por la firma GlobalX y partió originalmente desde Phoenix, Arizona. Realizó escalas técnicas en El Paso, Texas, y en Miami, Florida, antes de tocar suelo venezolano. Según datos del sistema ICE Flight Monitor, a bordo viajaban 120 hombres, 19 mujeres y siete menores de edad, todos en el marco del programa estatal venezolano denominado Misión Gran Vuelta a la Patria.
Apenas horas después del desembarque, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon la región central del país. Desde entonces, los allegados de varios de los pasajeros ignoran su paradero.
Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, confirmó la decisión de iniciar el acompañamiento institucional para esclarecer las circunstancias que rodearon la repatriación. La organización no solo indaga lo ocurrido tras los terremotos: también investiga las condiciones de custodia estatal a las que fueron sometidos los deportados antes de los sismos.
«Para nosotros esto no comienza solamente con el terremoto y con lo que ocurrió en el Santuario La Llanada», señaló Villalonga. «Decidimos acompañar a estas familias porque, cuando comenzamos a escucharlas, entendimos que alrededor del vuelo 164 todavía hay demasiadas preguntas sin respuestas».
La cadena de silencios
Los detalles cuentan la historia. El vuelo 164 no es un caso aislado de deportación masiva: es la intersección de tres factores que el régimen de Caracas prefiere mantener en la penumbra. Primero, la existencia de un programa estatal —Misión Gran Vuelta a la Patria— que recibe a los deportados bajo custodia oficial. Segundo, las condiciones de esa custodia antes de los terremotos, sobre las que AMAVEX dice tener preguntas sin responder. Tercero, la ausencia total de comunicación con las familias de los fallecidos después de la catástrofe.
La gestión de AMAVEX se concentra ahora en reconstruir el operativo desde su origen en territorio estadounidense hasta la retención de los ciudadanos en instalaciones venezolanas, según explicó Villalonga.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 24 de junio, el Estado venezolano recibió a 146 personas deportadas, las puso bajo su responsabilidad y, cuando la tierra tembló, desapareció de la conversación. Las familias que hoy buscan respuestas no las encuentran en Caracas; las buscan en Miami, a través de una ONG.
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Lo que este caso expone no es solo una tragedia humanitaria: es el retrato de un Estado que exige soberanía sobre sus ciudadanos cuando le conviene —cuando puede exhibir un programa de «retorno a la patria»— y se evapora cuando llega la hora de rendir cuentas. Las familias de los deportados del vuelo 164 no piden privilegios; piden la información más básica sobre sus muertos. Que esa demanda mínima deba canalizarse a través de una organización civil en el exilio, y no a través de las instituciones del propio país, dice más sobre la naturaleza del régimen que cualquier declaración oficial. Mientras Caracas guarda silencio, AMAVEX lleva el expediente.
